En el Centro de Detención Bluebonnet, en Dallas, Texas, los reclusos están impacientes, son un puñado de nervios y miedos. Aunque lo imaginan, ninguno sabe exactamente qué va a pasar. Es viernes, 18 de abril, y se comenta que serán el próximo grupo de detenidos que el Gobierno estadounidense enviará al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. Pero no es algo que puedan asegurar, nadie les dice ni les explica nada. Diover José Millán León, un venezolano de 24 años, agarra el teléfono desde la cárcel, en puro llanto, y llama a su esposa en Atlanta.
Por El País
—Me dijo que pensaba que en la tarde los iban a deportar, se estaba diciendo que los iban a llevar al CECOT— cuenta la esposa, que pide no revelar su identidad
A León le pusieron el uniforme rojo con el que las autoridades distinguen a los reclusos de alta peligrosidad y le hicieron firmar una carta en inglés que no entiende, pero en la que pudo detectar el nombre de la banda criminal Tren de Aragua (TdA). El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, se trata de una orden de expulsión en la que consta que el presidente Donald Trump “ha encontrado” que el TdA está “perpetrando, intentando o amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de los Estados Unidos”. Por tanto, sus miembros son deportables bajo el Título 50 del Código de los Estados Unidos, Sección 21.
León reúne los requisitos que enumera la carta: tiene “al menos 14 años de edad”, no es ciudadano ni residente permanente en los Estados Unidos y es venezolano. También es, según las autoridades, “un enemigo extranjero”, miembro de la banda criminal. León se negó a firmar el documento. No entiende de qué lo acusan, más allá de los tatuajes en su cuerpo: el gato Cheshire con un reloj, una mano sujetando una rosa, la palabra “family”, los nombres de su madre y su tía, y algún que otro dibujo a tinta sobre la piel.
A las 6.52 de la mañana del pasado 12 de abril, León —quien llegó al país en 2023 desde Maracaibo y trabajaba en la construcción— salió de su casa y encendió el auto. Las cámaras de seguridad de la vivienda grabaron el momento en que fue abordado por varios agentes vestidos de civil, que llegaron en una camioneta negra y le apuntaron con un arma. El joven alcanzó a preguntarle a un policía por qué se lo llevaban, si tenía sus documentos al día: era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 600.000 venezolanos y solicitante de asilo. La respuesta del agente fue lapidaria. “Puedes tener todos tus papeles en regla, pero no eres americano ni residente”, le respondió.
Al día siguiente, León ya estaba en Texas, convertido en uno más de los reclusos del Bluebonnet. El 18 de abril, después de hablar por teléfono con su esposa, lo subieron a él y a un grupo de más de 60 personas “casi escondidos” a un autobús custodiado por nueve patrullas delante y nueve detrás, en una caravana que salió desde el centro de detención directo hasta el aeropuerto. “Estaba llorando, con mucho miedo. Me dijo: ‘A las personas buenas, son a las que les pasan estas cosas’”, cuenta la mujer. Alguien que entendía inglés quiso saber a dónde los llevaban. Un agente le contestó: “Ustedes van para el CECOT, en El Salvador, porque son unos delincuentes”.
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