La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó el 1º de agosto que el fiscal Karim Khan debe apartarse de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras encontrar indicios razonables de un conflicto de intereses.
La decisión exige que Khan presente una excusa formal en un plazo de tres semanas, siguiendo lo estipulado en la Regla 35 del Reglamento de la CPI.
El dictamen judicial surge a raíz de una solicitud de recusación presentada en septiembre de 2024 por la Fundación Arcadia.
La organización denunció una red de vínculos familiares y profesionales entre Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra, quien representa legalmente al gobierno de Nicolás Maduro en el mismo caso.
La Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, argumentó que este conflicto de interés compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones para la credibilidad de la CPI.
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