La Audiencia Nacional quiere seguir el rastro de los etarras refugiados en Venezuela, con el histórico terrorista José Ignacio de Juana Chaos a la cabeza. El magistrado Francisco de Jorge tiene sobre la mesa desde hace casi un mes una petición por escrito de Dignidad y Justicia (DyJ) para que reclame información a Caracas, aprovechando el cambio de guardia tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos, sobre 14 miembros de ETA en su día «protegidos» por el exlíder bolivariano. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía, a la que se dio traslado el pasado 15 de enero de la petición de la asociación que preside Daniel Portero, aún no se ha pronunciado.
Por larazon.es
La asociación de víctimas ha formalizado su solicitud en el marco de la investigación por integración en organización terrorista a siete supuestos miembros del «aparato de huidos» de ETA, en la que ejerce la acusación popular. Ahora, DyJ pretende que esas pesquisas se amplíen a esos catorce etarras. Destaca, por encima de todos, el sanguinario terrorista De Juana Chaos. Pero no es el único. En la lista también figura Arturo Cubillas, alto cargo en el Ministerio de Agricultura chavista y a quien la Justicia española reclamó sin éxito al Gobierno bolivariano. Cubillas fue investigado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de los supuestos vínculos entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además de De Juana Chaos y Cubillas, Dignidad y Justicia ha solicitado que se siga el rastro de Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uritz Zabaleta, Javier Arruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Ángeles Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
Su vinculación y «grado de responsabilidad»
El instructor debe decidir ahora si, como le pide DyJ, libra una comisión rogatoria a Venezuela para que facilite «cuanta información tengan» de todos ellos, específicamente en lo referente a su «vinculación o pertenencia» al «colectivo de refugiados» de ETA, así como respecto a las «funciones desarrolladas, contactos con otros miembros de ETA, labores de enlace y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo» dependiente del «aparato político» de la banda terrorista.
Asimismo, De Jorge tiene que valorar si cursa una solicitud de asistencia judicial en materia penal a EE UU para que faciliten «cuanta documentación o información se halle en el procedimiento judicial» por narcotráfico contra Hugo Armando «el Pollo» Carvajal, ex jefe de Inteligencia militar del régimen venezolano, sobre los miembros de ETA refugiados allí y su relación o adscripción a ese «aparato de huidos».
Según recuerda en ese escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN- la abogada de la asociación, Vanessa Santiago, Venezuela «ha sido y es uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA que han huido» esquivando la acción de la Justicia española para evitar «responder por los delitos cometidos en el seno de la organización terrorista». Dignidad y Justicia afirma que ha identificado a los etarras refugiados teniendo en cuenta un informe de la Guardia Civil de septiembre de 2025 y el propio listado aportado por DyJ al juzgado junto al escrito de querella. Los 14 miembros de ETA señalados, precisa, se encontrarían residiendo en Venezuela «a fecha de 4 de abril de 2025».
La amenaza de la prescripción
La asociación señala en su petición al juzgado que con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el poder, los etarras huidos a Venezuela han gozado de «protección», haciendo «inviable» su entrega a España, ante las reiteradas negativas a las múltiples peticiones de extradición durante los últimos 25 años, «para responder por sus crímenes terrorista». Un entorpecimiento que en muchos casos ha hecho que los delitos hayan prescrito.
Pero con el «cambio de la situación política» en Venezuela tras la captura de Maduro –que atribuye a la información suministrada por el exdirector de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando, «el Pollo», Carvajal–, DyJ considera que se abre una ventana a una posible «predisposición a colaborar con España en la entrega de cuanta información tenga respecto de estos miembros de la organización terrorista ETA».
Con el objetivo, subraya, de precisar la responsabilidad de esos 14 etarras en el «colectivo de huidos políticos vascos» (EIPK), dependiente del «aparato político» de ETA, «activo hasta su disolución en mayo de 2018». Toda esa información sobre los 14 exintegrantes de ETA y otros que puedan encontrarse en Venezuela, recalca, puede servir con posterioridad para facilitar «su entrega y puesta a disposición de la Justicia española».
«La mayor colonia de etarras huidos»
El escrito incide en que en los informes de la Guardia Civil incorporados al procedimiento «no consta la identificación de ningún miembro de ETA residiendo en Venezuela que ejerciera las labores de enlace con el colectivo de refugiados». Dado que Dignidad y Justicia descarta que no exista nadie que haya realizado esas funciones de enlace puesto que en Venezuela, recalca, «se encuentra la mayor colonia de etarras huidos desde España», considera que los datos ahora aportados «permiten atisbar la pertenencia de estos al colectivo de refugiados, alguno de ellos con responsabilidad dentro de él».
De Juana Chaos fue condenado a penas que suman más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos. Tras cumplir 21 años de su condena, salió de prisión, pero se refugió en Dublín para esquivar una investigación por enaltecimiento del terrorismo por la supuesta autoría de una carta leída en su nombre en un homenaje a su persona celebrado en San Sebastián. Cuando finalmente la Justicia norirlandesa autorizó su entrega a España, su pista se perdió. Hasta que fue localizado a finales de 2012 en la Venezuela de Hugo Chávez, en la localidad caribeña de Lechería.
Arturo Cubillas, apunta, viviría en Caracas –aunque en estas fechas se le sitúa en San Sebastián, tal y como ha publicado El Confidencial y confirman las fuentes consultadas– y «se sabe que participó en tres asesinatos en los 80». Hasta 2014 fue responsable de la acogida a miembros de ETA en Venezuela, «manteniendo el control y conocimiento sobre los militantes que estuvieran de forma legal» y encargándose de las llegadas o salidas clandestinas. Trabajaba en 2015 en el Instituto Nacional de Tierras, dependiente del Gobierno de Maduro.
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