En Venezuela no estamos ante un proceso de justicia, sino ante una nueva maniobra de humillación institucional. La tragedia no consiste solamente en que aún permanezcan centenares de presos políticos tras las rejas; la tragedia mayor es que quienes destruyeron el debido proceso, fabricaron expedientes, impusieron defensores públicos sin confianza, toleraron incomunicación y convirtieron los tribunales en anexos de la represión, ahora pretendan presentarse como administradores de una supuesta “amnistía”. Esa es la inversión moral más perversa: el victimario quiere aparecer como benefactor, y la víctima como peticionaria de perdón.
Los hechos siguen siendo demoledores. Foro Penal informó esta semana que, al 2 de marzo de 2026, en Venezuela permanecían 526 presos políticos, de los cuales 353 son civiles y 173 militares; además, reportó 11 personas en paradero desconocido. En paralelo, la organización verificó nuevas liberaciones parciales en los últimos días, pero advirtió que la cifra de detenidos sigue siendo muy alta y que la situación está lejos de resolverse.
Por eso resulta inaceptable que algunos jueces sigan exigiendo que los presos políticos firmen la designación de sus abogados cuando esos detenidos permanecen incomunicados, aislados o sin contacto real con sus familiares. ¿Cómo puede firmar libremente quien está bajo coerción, sin acceso regular a sus seres queridos, sin posibilidad de recibir comida, ropa o asistencia oportuna? ¿Qué clase de “consentimiento” jurídico puede surgir de una celda controlada por los mismos órganos que violaron el derecho a la defensa desde el primer día? Eso no es garantía procesal; es una parodia del derecho.
A esa parodia se suma otra falsedad: la interpretación torcida de los llamados “15 días” en materia de amnistía. Se ha querido instalar la idea de que el preso o su familia tienen apenas quince días para interponer la solicitud. Eso es falso. El lapso de quince días corresponde, en esencia, al tiempo que tiene el funcionario para decidir la petición, no para convertir a la víctima en responsable de activar a contrarreloj un beneficio que, por su propia naturaleza, debería examinarse con criterio garantista y no como carrera de obstáculos. La distorsión no es inocente. Es funcional al caos, a la discrecionalidad y a la arbitrariedad.
Y allí aparece el problema de fondo: no existe criterio unificado. En unos expedientes se niega la amnistía, como ha ocurrido con casos emblemáticos vinculados a Paramacay, mientras en otros procesos con imputaciones tan graves y políticamente manipulables como rebelión o terrorismo sí se conceden beneficios. Esa disparidad no demuestra prudencia judicial; demuestra la ausencia de justicia independiente. Lo que prevalece no es la ley, sino la conveniencia política del poder. Cuando el mismo sistema que encarceló arbitrariamente es el que decide quién merece salir y quién debe seguir secuestrado por el Estado, la “amnistía” deja de ser un instrumento de reconciliación y se convierte en otro mecanismo de control.
La contradicción ética es todavía más grave. La amnistía, en una sociedad que aspira a reconstruirse, está asociada a la superación de una fractura política, al reconocimiento del abuso y a la búsqueda de paz con verdad. Aquí, en cambio, se pretende que las víctimas pidan perdón al aparato que las persiguió. El régimen ha invertido la lógica moral y jurídica: no pide excusas por la tortura, la incomunicación, la desaparición temporal, la negación del abogado de confianza o la fabricación de cargos; exige sumisión. Quiere que el preso político se comporte como culpable para merecer el alivio de una maquinaria que jamás debió triturarlo.
Eso explica por qué el país no percibe este proceso como justicia. Según resultados de la encuesta “Cati Meganálisis Verdad Venezuela”, levantada entre el 18 y el 25 de febrero, alrededor de 86% de los consultados asocia el socialismo con mal vivir, retroceso y pobreza; además, casi 70% califica el proceso de amnistía como una estafa. En la misma medición se reporta un respaldo mayoritario a la idea de que María Corina Machado debe volver a Venezuela, en un contexto en el que Reuters informó el 1 de marzo que la dirigente anunció su intención de regresar al país en las próximas semanas.
Ese dato político importa porque revela algo esencial: la sociedad venezolana no está comprando el relato oficial. No cree que exista una normalización institucional. No percibe que haya reparación. No observa justicia. Lo que ve, con razón, es la continuidad del mismo sistema de persecución bajo un ropaje discursivo distinto. Y esa percepción no nace de propaganda opositora, sino de la experiencia acumulada de miles de familias que conocen el expediente, la audiencia diferida, la visita negada, el defensor impuesto, la amenaza velada y el silencio judicial.
Los últimos cinco días lo han confirmado. Mientras continúan anuncios de liberaciones parciales, las organizaciones de derechos humanos siguen documentando detenciones pendientes, desaparecidos y obstáculos burocráticos. El contraste entre el discurso oficial y la realidad es brutal: se anuncian excarcelaciones, pero continúan centenares de presos; se habla de convivencia democrática, pero persiste la discrecionalidad; se invoca la ley, pero el procedimiento sigue secuestrado por quienes demolieron la independencia judicial.
La conclusión es dolorosa, pero necesaria: en Venezuela no existe hoy un poder judicial independiente, ni una fiscalía al servicio del ciudadano, ni una defensoría del pueblo que merezca ese nombre, ni un sistema penitenciario compatible con un Estado de Derecho. Lo poco de justicia que sobrevivía fue arrasado por un modelo de persecución.
Por eso, jueces y funcionarios que han servido conscientemente a esta estructura represiva no deberían seguir administrando la libertad ajena. Quien aceptó ser pieza del engranaje de la arbitrariedad perdió autoridad moral y jurídica. Muchos deberían renunciar; otros deberán responder, en su momento, ante una justicia de verdad.
Seguiremos repitiendo esta verdad todas las veces que haga falta: en Venezuela no hay presos comunes en estos casos, hay presos políticos; no hay benevolencia institucional, hay administración calculada del dolor; no hay transición judicial, hay simulación. Y mientras exista un solo preso político injustamente secuestrado por el Estado, la tarea de denunciar no termina.
Pero denunciar no basta. También hay que construir. Venezuela necesitará una justicia nueva, profesional, independiente y valiente, capaz de restaurar el derecho a la defensa, sancionar la tortura, revisar condenas fraudulentas y devolver dignidad a las víctimas. Esa reconstrucción será tan importante como cualquier cambio político, porque sin jueces libres no habrá ciudadanos libres.
Y en esa hora que se acerca, el retorno de los perseguidos, de los exiliados y de los líderes democráticos deberá ser acompañado por una ciudadanía consciente, firme y pacífica. No para alimentar venganzas, sino para cerrar definitivamente el tiempo en que el poder convirtió la ley en arma contra la sociedad. La verdadera amnistía no consistirá en mendigar clemencia al opresor, sino en restablecer una República donde nadie vuelva a necesitarla para sobrevivir.
Rafael Veloz García. Ex Pdte Federación de Abogados de Vzla y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Washington, DC. Abogado Constitucionalista.
