La ONG de Derechos Humanos Fundehullan Venezuela denunció públicamente la negativa de libertad plena para el dirigente sindical del estado Guárico, Reynaldo Cortés, a quien se le ha impedido acceder a los beneficios totales de la Ley de Amnistía.
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A través de sus redes sociales, la organización rechazó lo que calificó como una «aplicación selectiva» del beneficio jurídico. Según Fundehullan, esta exclusión perjudica directamente a líderes sociales que, pese a estar fuera de prisión, aún permanecen bajo medidas restrictivas judiciales.
“Al dirigente sindical se le ha negado el beneficio de la amnistía y se mantiene sujeto a una medida cautelar de régimen de presentación ante los tribunales, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva”, sentenció la ONG.
Para los defensores de derechos humanos, la decisión judicial evidencia un sesgo político. Fundehullan enfatizó que la amnistía debe aplicarse sin exclusiones basadas en la labor de defensa de derechos laborales, puesto que su naturaleza es precisamente reparar situaciones de persecución política y social.
Antecedentes del caso
Reynaldo Cortés, secretario regional de Bandera Roja y delegado de la CTV, fue arrestado el 7 de julio de 2022 en San Juan de los Morros. El procedimiento fue denunciado en su momento por la falta de órdenes judiciales claras y el uso de fuerzas de contrainteligencia.
En agosto de 2023, fue sentenciado a 16 años de prisión por supuesta conspiración y asociación para delinquir, junto a otros cinco luchadores sociales.
Tras 500 días de detención, Cortés fue liberado el 20 de diciembre de 2023 en el marco del canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos.
Sin embargo, a diferencia de otros casos beneficiados por acuerdos políticos, Cortés sigue bajo medidas cautelares, lo que limita su movilidad y el pleno ejercicio de sus derechos civiles en el estado Guárico.
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