Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive las diligencias abiertas contra él por presunto delito de agresión sexual y trata de seres humanos. En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su abogado José Antonio Choclán solicita que se le permita personarse en esta investigación preprocesal y avisa que ni la Fiscalía ni los tribunales españoles son competentes para investigar estos hechos que habrían tenido lugar en República Dominicana y en Bahamas.
Por larazon.es
«Ninguno de los delitos que incorpora la denuncia publicada pertenecen al repertorio de aquellas infracciones penales que pueden ser perseguidas por los tribunales españoles (…) y, además, también resulta notorio que las víctimas ni son españolas ni residen habitualmente en España. Y por ello, también es evidente los Tribunales españoles no tienen jurisdicción, tampoco competencia la Fiscalía, para perseguir los hechos que se han realizado fuera del territorio nacional por la sola condición de español del denunciado», indica.
Por ello sostiene que los delitos que le atribuyen las dos denunciantes solo podrían ser perseguidos en España cuando el Estado en el que han ocurrido los hechos rechazara la jurisdicción o se negara a investigarlo. Así pues, solicita a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que remita la denuncia que interpuso la asociación Women’s Link Worldwide a los tribunales correspondientes «de acuerdo con las normas de Derecho internacional«, toda vez que las víctimas no son españolas y él no reside en este país.
«Perjuicio reputacional»
En cualquier caso, el penalista pide que se le permita estar personado en estas diligencias para poder acceder al contenido concreto de la denuncia. Según precisa, es «obvio» que debería poder obtener «acceso directo» a la misma ya que por el momento lo único que sabe del relato de hechos es a través de los medios de comunicación. Al hilo, afirma que la «filtración» de su contenido el elDiario.es le ha provocado un «perjuicio reputacional» que se ve agravado por la «publicidad» que se ha dado al asunto.
«Las supuestas víctimas no pueden pretender al mismo tiempo dar publicidad a su denuncia, concediendo entrevistas (en el supuesto de que lo hubieran hecho), y acto seguido invocar su necesidad de protección o reserva, lo que supondría una anómala situación procesal. Al haber convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático, que suscita el debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer», expone.
