Un juez federal inició el 16 de abril un proceso para declarar al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la cárcel de alta seguridad en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla. Permitir al gobierno anular los fallos de las cortes, convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”, escribió.
La batalla de Trump contra el magistrado James Boasberg
Trump invocó el 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que, incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
Reacciones en rechazo ante las medidas de Trump
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch acusó, el 2 de abril, a EE UU y El Salvador de estar sometiendo a los migrantes a una “desaparición forzada”.
Por su parte, la administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
Otra medida federal contra las decisiones de Trump
El 15 de abril, una jueza federal del distrito de Colorado (Estados Unidos) bloqueó temporalmente en un dictamen de emergencia el uso de la llamada Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a inmigrantes indocumentados venezolanos que residen en ese estado.
La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en el caso de dos venezolanos que fueron detenidos y podrían ser deportados por su presunta asociación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, algo que ellos niegan, de acuerdo con sus abogados.
El dictamen prohíbe temporalmente la deportación de todos los extranjeros que se encuentran actualmente bajo custodia en el Distrito de Colorado y que podrían estar sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump en marzo.
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