Dos jueces de Florida pidieron el 29 de julio al gobierno de Estados Unidos información sobre cómo opera el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra la instalación, una de defensores de migrantes y otra de ambientalistas.
La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, exigió a las autoridades revelar los acuerdos que tiene el gobierno estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar el centro, que desde el 3 de julio retiene a migrantes.
También, de acuerdo con documentos judiciales disponibles, pidió el más reciente estudio de impacto ambiental del sitio, que funciona en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural con especies protegidas, lo que motivó la demanda de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.
En el otro caso, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, autorizó a los demandantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y migrantes detenidos, pedir al gobierno de Donald Trump que difunda los acuerdos entre las agencias gubernamentales para operar el centro.
Argumentos de las demandas contra Alligator Alcatraz
Los ambientalistas y los defensores migratorios argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable de Alligator Alcatraz, por lo que el gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción.
“Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir”, señaló la demanda de ACLU.
La preocupación de las asociaciones aumentó después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 25 de julio que el DHS comenzó a operar vuelos con deportados desde el sitio, sin ofrecer más información al respecto.
Las organizaciones ecologistas y civiles buscan el cierre total del centro, que por ahora tiene una capacidad para 2.000 detenidos.
Decenas de activistas y familiares de migrantes detenidos protestaron la semana pasada frente al lugar, por considerar que es un “campo de concentración” y una “jaula para perros”.
Denuncias sobre condiciones “inhumanas” del centro
Familiares de migrantes detenidos en el Alligator Alcatraz han denunciado en varias oportunidades que las personas en este centro de reclusión son sometidas a “condiciones inhumanas”.
Una mujer guatemalteca de 36 años de edad, quien no fue identificada y enfrenta una orden de deportación, afirmó que su esposo, también guatemalteco y de 43 años, aún no ha tenido acceso a un abogado desde que fue detenido y posteriormente llevado a esta instalación.
“Hay demasiados mosquitos. Está en muy mal estado. A veces se va la luz porque usan generadores. Los detenidos están en tiendas de campaña y hace mucho calor. Están en malas condiciones. Tampoco hay suficiente comida. Cada vez que le pregunto por su situación, me dice que es muy mala”, comentó la mujer para la cadena de noticias CNN.
Otros migrantes también reportaron condiciones de detención inadecuadas como una alimentación basada en “galletas saladas, sandwiches y, a veces, manzanas”. También señalaron que les permiten bañarse cada tres o cuatro días por tan solo cuatro minutos.
La entrada Jueces federales pidieron al gobierno de EE UU información sobre Alligator Alcatraz se publicó primero en El Diario.
