La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) condenó la detención de un joven de 19 años ocurrida la tarde de este miércoles 25 de marzo, en el estado Táchira, quien fue liberado horas después del procedimiento.
Por: lapatilla.com
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial en la red social X, la ONG expresó su preocupación por lo que considera un uso desproporcionado de la fuerza policial frente a manifestaciones de descontento social, situación que —según señalaron— enciende las alarmas sobre el respeto a los derechos ciudadanos en el país.
La organización sostuvo que las expresiones ciudadanas no deben ser interpretadas como amenazas, sino como el reflejo de demandas y carencias legítimas cuya atención corresponde al Estado. En ese sentido, insistió en que la respuesta institucional ante estas manifestaciones nunca debe traducirse en persecución ni intimidación.
Tras recuperar su libertad, el joven identificado como José Antonio Sáenz, ofreció un testimonio sobre las circunstancias en las que ocurrió su detención durante una protesta de trabajadores en el estado Táchira.
Según relató, el procedimiento ocurrió cuando ya se retiraba de la manifestación. “En el momento en que ya me retiraba de la protesta, fui abordado por dos sujetos vestidos de civil. Apenas me interceptaron, me mostraron un arma de fuego a mí y a mi compañero”, afirmó.
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El joven aseguró que los funcionarios no se identificaron al momento del procedimiento, lo que generó temor tanto en él como en la persona que lo acompañaba. “Sentimos temor porque era totalmente un procedimiento ilegal. Llegaron vestidos de civil, con armas de fuego, sin identificarse”, señaló.
Asimismo, denunció que fue trasladado y retenido por varias horas, durante las cuales —según su versión— fue obligado a firmar un documento. “Me hicieron firmar un documento donde prácticamente no podía dar declaraciones”, manifestó.
Denuncias por presuntas irregularidades en el procedimiento
En su declaración, el joven expresó preocupación por su situación legal y por posibles consecuencias posteriores al incidente. “Tengo miedo porque prácticamente estoy juzgado ilegalmente, siendo puesto como un delincuente cuando no he hecho ningún delito”, sostuvo.
También responsabilizó a los agentes de seguridad por cualquier afectación a su integridad física o la de su compañero, identificado como Michael Palutini, quien —según indicó— logró escapar durante el procedimiento.
El joven aseguró que este tipo de actuaciones generan desconfianza en la población hacia los cuerpos de seguridad.
En su pronunciamiento, la ONG advirtió que cuando se priorizan acciones de control por encima del diálogo, se debilita el ejercicio democrático y se vulneran los estándares de derechos humanos que protegen el derecho de los ciudadanos a expresar sus inquietudes.
Asimismo, subrayaron que la protesta constituye un mecanismo legítimo para visibilizar necesidades sociales y exigir soluciones pendientes, por lo que no debería ser tratada como un delito.
Justicia, Encuentro y Perdón, también hizo un llamado a las autoridades a garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de quienes participan en jornadas de exigibilidad ciudadana, especialmente de la población joven.
Finalmente, reiteraron su exhorto a mantener el respeto a los derechos humanos y a evitar acciones que puedan limitar la libertad de expresión y manifestación pacífica.
