El abogado especialista en Derecho Penal, Joel García, se pronunció la tarde del domingo 22 de marzo sobre el denominado caso de «los drones», asegurando que durante el juicio no se presentaron pruebas que demostraran la responsabilidad penal de los acusados.
Por: lapatilla.com
A través de sus redes sociales, el jurista afirmó que resulta “inaceptable” que varias personas continúen condenadas pese a que, según su criterio, el Ministerio Público no logró demostrar su culpabilidad.
“En el juicio de los ‘Drones’, del cual fui parte, quedó claro que no hubo pruebas contra los acusados. Es inaceptable que Emilendris Benítez, Eloy Rivas y el Gral. Hernández Da Costa y todos sigan condenados cuando el Ministerio Público falló en demostrar su responsabilidad”, expresó.
El llamado caso del dron se refiere al presunto intento de «magnicidio» contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018 durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.
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Ese día, mientras Maduro ofrecía un discurso en el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se registraron explosiones atribuidas a drones cargados con explosivos cerca de la tarima presidencial. El régimen chavista calificó el hecho como un supuesto intento de asesinato.
Tras el suceso, las autoridades chavistas iniciaron una amplia investigación que derivó en la detención de militares retirados, civiles y dirigentes políticos, incluyendo diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora en ese momento.
Condenas de hasta 30 años de prisión
En agosto de 2022, un tribunal dictó sentencia contra 17 personas por su presunta participación en este caso. Las penas oscilaron entre 5 y 30 años de prisión por delitos como terrorismo, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración y asociación para delinquir.
La decisión fue emitida por la jueza Hennit Carolina López, quien ha llevado procesos judiciales relacionados con casos de terrorismo y conspiración en el país.
Entre los condenados se encontraba el exdiputado opositor Juan Requesens, quien recibió una pena de ocho años de prisión por su presunta vinculación con el caso.
El proceso judicial ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores legales, quienes han denunciado irregularidades, presuntas torturas y violaciones al debido proceso durante la investigación y el juicio.
A más de siete años del suceso, el caso continúa siendo objeto de debate político, jurídico y mediático, mientras familiares, abogados y organizaciones civiles mantienen denuncias sobre la legalidad de las condenas y las condiciones de detención de los implicados.
