La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció un giro en sus políticas de inmigración colocando un incentivo monetario a las denuncias por inmigración irregular en el país.
Por El Español
Así, Takaichi ha reactivado el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración, una norma de 1951, que gestiona la entrada, permanencia y salida tanto de extranjeros como de ciudadanos japoneses.
De esta manera, la novedad ha sido el poner un precio a la inmigración ilegal: 50.000 yenes (300 euros) por cada denuncia que resulte en una deportación. No obstante, hay ciertos criterios a seguir.
A pesar de parecer la trama de una película de ficción, es la realidad de los migrantes en Japón que ahora se han convertido en un incentivo económico.
Así la Agencia de Servicios de Inmigración ofrece estos 300 euros por cada denuncia que derive en una orden formal de deportación.
Para evitar que la situación se descontrolara y se convirtiera en una especie de negocio, el Gobierno japonés decidió colocar unos filtros rigurosos.
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