El expresidente brasileño Jair Bolsonaro criticó este jueves la visita de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, a la exmandataria argentina Cristina Fernández, y comparó su accionar con el asilo político a la ex primera dama peruana Nadine Heredia concedido por el Gobierno brasileño.
«Menos de dos meses después de concederle asilo político a la ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, condenada por corrupción, el jefe de Estado (Lula) fue a visitar a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, también condenada por corrupción. Pero, claro, ¡todo es coincidencia y nada está relacionado!», publicó Bolsonaro en su cuenta de X.
Una vez finalizada la cumbre del Mercosur, Lula se acercó al domicilio de la expresidenta argentina, condenada por la Justicia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras públicas cuando era mandataria entre 2007 y 2015.
La visita de Lula fue solicitada por los propios abogados de Fernández y aprobada en la víspera por la Justicia argentina.
A mediados de abril, la extrema derecha criticó fuertemente la aprobación del asilo político a Nadine Heredia, la esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, ambos condenados por la Justicia del país andino, y a su hijo menor de edad.
La mujer, condenada a quince años al igual que su marido por integrar una trama de corrupción y lavado de dinero en campañas electorales que involucró a la empresa brasileña Odebrecht, aterrizó en Brasilia en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), enviado a Lima una vez que las autoridades peruanas otorgaron el necesario salvoconducto.
Por eso, la bancada opositora al Gobierno convocó al canciller brasileño, Mauro Vieira, a comparecer y explicar la decisión en una comisión del Senado, y el diplomático explicó que la decisión fue tomada por razones «humanitarias» y para evitar una situación como la vivida por los opositores venezolanos que estuvieron refugiados en la embajada argentina en Caracas.
En paralelo, Bolsonaro se encuentra procesado en la Justicia por tentativa de golpe de Estado contra el actual mandatario progresista y está a la espera de la sentencia de la Corte Suprema que, según fuentes, podría producirse entre septiembre y octubre de este año.
La Fiscalía acusa al líder de la extrema derecha de confeccionar diversos planes para impedir la investidura de Lula, tras la victoria del dirigente progresista en las elecciones de octubre de 2022, con el apoyo de antiguos ministros y militares de alto rango.
Tras el fracaso de esos planes iniciales, los acusados habrían incitado el asalto del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de simpatizantes de la derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno. /EFE
