El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela reportó que entre 2017 y lo que va de 2026 ha documentado al menos 447 violaciones a las libertades informativas relacionadas a decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) .
“El otorgamiento o renovación de concesiones, la asignación de frecuencias y la aplicación de sanciones administrativas son herramientas regulatorias que inciden en qué medios pueden operar y en qué condiciones”, señaló en un análisis publicado en su página web.
Uno de los episodios ocurrió en 2017, cuando el organismo ordenó la salida del aire de 49 emisoras de radio en distintas regiones del país. Muchas de estas estaciones, según la organización, llevaban años esperando respuesta a sus solicitudes de concesión o renovación de licencia.
La organización mencionó que los procedimientos incluyeron inspecciones, decomiso de equipos y órdenes de suspensión inmediata de transmisiones. Por otro lado, aseguró que propietarios y trabajadores denunciaron que las medidas se fundamentaban en la “supuesta falta de concesiones”, pese a que las solicitudes habían sido presentadas reiteradamente ante el propio ente regulador.
“La legislación venezolana permite que el silencio administrativo frente a estas solicitudes sea interpretado como una negativa automática. Este mecanismo ha sido cuestionado por su impacto en la transparencia del sistema de concesiones y por la incertidumbre que genera para los medios que operan en el espectro radioeléctrico”, escribió.
Sobre la designación de Enrique Quintana como director de Conatel
IPYS señaló que la reciente designación de Enrique Quintana como director general de Conatel abre una “oportunidad para evaluar” el desempeño técnico y político del organismo encargado de regular el sector de telecomunicaciones en el país.
Indicó que el cambio en la dirección del ente podría permitir evaluar su estructura y funcionamiento, con el objetivo de garantizar la vigencia de derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.
El instituto precisó que las decisiones adoptadas por Conatel han tenido impacto directo en el funcionamiento de los medios de comunicación del país y en la circulación de contenidos de interés público. Entre las medidas señaladas por la organización figuran: bloqueos a portales informativos, el cierre de emisoras de radio y la imposición de sanciones administrativas.
“(Las medidas) forman parte de un patrón de restricciones que ha limitado progresivamente el acceso de los ciudadanos a información plural”, escribió IPYS.
Piden garantizar independencia del organismo
La organización indicó que, de acuerdo con principios establecidos por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades encargadas de regular las telecomunicaciones deben actuar con “independencia, transparencia y respeto a la libertad de expresión».
En ese contexto, IPYS plantea varios desafíos para la nueva gestión de Conatel, entre ellos: garantizar la independencia del organismo, transparentar los procesos de concesión de frecuencias y eliminar bloqueos a medios digitales.
También propuso revisar normativas como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) y la Ley contra el Odio, garantizar el debido proceso en la aplicación de sanciones, proteger la privacidad de los usuarios y promover el pluralismo informativo.
Para la organización, asegurar un ecosistema informativo abierto, diverso y transparente será fundamental para superar las limitaciones registradas durante los últimos años y recuperar condiciones que permitan el ejercicio pleno del periodismo, así como el derecho de la ciudadanía de estar informada.
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