La grabación en blanco y negro, borrosa, muestra una pequeña embarcación desplazándose rápidamente por el mar abierto frente a la costa de Venezuela. De repente, la embarcación explota envuelta en llamas. El video dura menos de 30 segundos, pero marcó el comienzo de un nuevo y más agresivo capítulo en la “guerra contra las drogas” de Estados Unidos.
Por: InSight Crime
La operación militar de septiembre de 2025 fue un ataque de precisión diseñado para destruir la embarcación y matar a quienes estaban a bordo: 11 miembros de la tripulación que Estados Unidos calificó de “narcoterroristas”, a pesar de no proporcionar pruebas sólidas para respaldar tales acusaciones. Aunque algunos sobrevivieron al estallido inicial, fueron asesinados con un segundo misil mientras se aferraban al costado de la embarcación en llamas.
Este tipo de ataque generalmente se reserva para tiempos de guerra. Solo que no era una guerra tradicional, sino una ofensiva militarizada destinada a interrumpir el tráfico de drogas en el Caribe. Y aunque los especialistas se enfocaron en el análisis de la legalidad de la intervención, el ataque enviaba un mensaje claro: Estados Unidos ya no se ajustaría al manual establecido contra el narcotráfico basado en la cooperación multilateral, los procedimientos investigativos, el debido proceso y el Estado de derecho. En su lugar, desataría el poder militar.
El Caribe fue el campo de ensayo para este nuevo enfoque. Tras el primer ataque, siguieron otros dirigidos a embarcaciones sospechosas de traficar drogas, matando al menos a 48 personas en la región hasta fines del año pasado. Además, Estados Unidos desplegó una flota masiva —que incluyó alrededor de 15.000 soldados y el mayor buque de guerra del mundo— en una demostración de fuerza que culminó en enero con la captura nocturna del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de estar vinculado al narcotráfico y al “narcoterrorismo”.
El arresto de Maduro representó el punto álgido de la campaña de presión, y a mediados de febrero, Estados Unidos redirigió los activos principales de la flota y la atención mundial hacia Medio Oriente. Pero los ataques en el Caribe fueron solo el comienzo de una nueva fase radical de la política antidrogas de Estados Unidos, y pareciera que las tácticas han llegado para quedarse.
Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido ataques esporádicos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe, mientras amplía la ofensiva de bombardeos al Pacífico. También brindó apoyo operativo cuando Ecuador lanzó ataques aéreos contra lo que aseguró ser campamentos de drogas en la región fronteriza con Colombia, aunque un informe de The New York Times sugirió que en realidad habían impactado una granja lechera. Luego, en marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación del “Escudo de las Américas”, una nueva coalición de gobiernos en América Latina y el Caribe que comparten la visión de combatir el tráfico de drogas con la fuerza.
El enfoque militar, en el que parecen centrarse Trump y sus aliados regionales, ha planteado importantes interrogantes sobre el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero también surgen preguntas sobre si esta estrategia está siendo efectiva para interrumpir los flujos de drogas. La ofensiva en el Caribe ofrece algunas pistas tempranas.
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