La operación del 3 de enero que capturó a Nicolás Maduro desafió las reglas de la intervención extranjera y sacudió por igual a la comunidad internacional y al mundo criminal. Los venezolanos celebraron, mientras el narcotráfico lloró la pérdida de un valioso aliado.
Por Jeremy McDermott | InSight Crime
La sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, fue designada conforme a la Constitución y respaldada por Washington. Por lo demás, el régimen chavista, que ha gobernado Venezuela durante más de 25 años, permanece sin cambios. El general Vladimir Padrino López continúa como ministro de defensa, cargo que ocupa desde 2014; Diosdado Cabello, durante años considerado la segunda figura más poderosa del régimen después de Maduro, es el ministro del interior; y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mantiene su dominio sobre prácticamente todos los cargos políticos del país.
Como consecuencia, la estructura de narcotráfico incrustada en el Estado también se mantiene en gran medida intacta, aunque las condiciones bajo las cuales opera han cambiado drásticamente. En términos criminales, dos elementos estatales han administrado el acceso a rentas ilícitas: el Cartel de los Soles, cuyos orígenes anteceden a la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, y el sistema de gobernanza criminal híbrida que Maduro construyó para mantenerse en el poder en medio del colapso económico y las sanciones internacionales.
Rodríguez camina sobre una cuerda floja política con enormes implicaciones criminales. Por un lado, debe apaciguar a Washington para evitar una nueva intervención militar que pueda poner en riesgo la supervivencia del sistema chavista que ha gobernado el país por más de 25 años. Por otro, debe impedir que los principales operadores del régimen —y sus sectores más radicales, formados en una ideología antiestadounidense y antiimperialista— se rebelen.
El régimen chavista es cuasipretoriano. Su fundador, Chávez, fue un teniente coronel del Ejército que encabezó un golpe de Estado en 1992 (en el que participó Cabello, quien entonces era teniente). El golpe fracasó, pero catapultó al carismático Chávez al escenario político y a la presidencia en 1999. Hasta su muerte en 2013, Chávez colocó a viejos compañeros de armas y personas de su confianza en todos los órganos del Estado. A muchos de ellos los puso en contacto con insurgentes colombianos dedicados al narcotráfico por razones ideológicas y de política exterior, solo para terminar viéndolos involucrarse en el negocio de la cocaína. Bajo su mando, el tráfico de drogas dentro de las fuerzas armadas —el Cartel de los Soles— floreció y extendió la corrupción a lo largo y ancho de la institución castrense. Chávez lo toleró como el precio de la lealtad. Hoy, esa participación no solo se tolera, sino que se ha institucionalizado.
Cuando Maduro asumió el poder en 2013, heredó una economía en caída libre y un país sacudido por protestas que amenazaban con derribar al régimen chavista, debilitado tras la muerte de Chávez. El nuevo presidente respondió recurriendo a los militares y transformándolos en una fuerza de represión política, guardiana y garante de la Revolución Bolivariana. A medida que se vaciaban las arcas del Estado, ya no podía proporcionar a generales y altos dirigentes políticos los fondos necesarios para comprar su lealtad. En su lugar, tomó el modelo de corrupción del Cartel de los Soles y lo transformó en un sistema de gobernanza criminal híbrida, con el que concedió a actores clave acceso a rentas criminales —rutas de tráfico de cocaína, minas de oro, corredores de tráfico de personas o centros de contrabando— a cambio de lealtad. Bajo Maduro, el Estado pasó a ser regulador y administrador de varias economías ilícitas, aliado con actores criminales tanto nacionales como internacionales.
Como parte de la justificación para actuar contra Venezuela, las autoridades estadounidenses describieron a Maduro como un importante narcotraficante.
Las autoridades “incautaron 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus asociados, con casi siete toneladas vinculadas directamente a Maduro”, afirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en agosto del año pasado. “Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$50 millones”, agregó Bondi. “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el TDA (Tren de Aragua), el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”.
La estrategia de descabezar organizaciones —es decir, de capturar o eliminar a los principales líderes del narcotráfico— ha tenido escaso efecto a largo plazo para contener el crecimiento del comercio de cocaína. En cambio, ha reconfigurado el negocio, alejándolo de carteles verticalmente integrados hacia modelos de redes más fluidas. Es probable que la salida de Maduro tenga, al menos en el corto plazo, un impacto menor sobre el narcotráfico en Venezuela, ya que no era el jefe de una organización de tráfico de drogas, sino el facilitador y protector de un sistema de corrupción que permitió a generales y altos dirigentes políticos beneficiarse del narcotráfico. Ese sistema —el régimen chavista— permanece en pie, aunque el arquitecto del modelo de gobernanza criminal híbrida ahora enfrenta un juicio en Nueva York.
Rodríguez, aunque ha estado fuera del núcleo pretoriano del régimen chavista y sin enfrentar acusaciones formales en Estados Unidos, se cree que ha estado involucrada en actividades criminales, corrupción e incluso narcotráfico. La dimensión criminal de la cuerda floja que camina implica evitar escándalos públicos de corrupción y tráfico de drogas que puedan provocar una nueva intervención estadounidense, mientras permite que continúe el flujo de rentas criminales hacia figuras del régimen para preservar la lealtad. Esto es especialmente relevante en el caso de los militares y de Cabello. Este último ha sido vinculado durante años al Cartel de los Soles y controla buena parte del aparato de seguridad del Estado y de los colectivos, las fuerzas de choque políticas del régimen, profundamente involucradas en actividades ilegales.
El despliegue estadounidense en el Caribe ya había alterado las dinámicas del narcotráfico antes de la captura de Maduro. Entrevistas de InSight Crime hacia finales del año pasado en el estado Falcón, uno de los principales puntos de salida de cargamentos marítimos de droga, revelaron que el movimiento de grandes cargamentos de cocaína se encontraba suspendido.
“El tráfico marítimo está cerrado desde que Estados Unidos está frente a las costas de Venezuela”, dijo un miembro de la Guardia Nacional, que habló bajo condición de anonimato. “Por ejemplo, las grandes cúpulas no están sacando [drogas] por vía marítima porque sería una desgracia, no tanto que pierdan la mercancía, sino que le agarren a alguien clave que empeore la persecución o que genere más pruebas de las que ya hay. Ellos están esperando que todo se enfríe para continuar”.
Los ataques con misiles contra lanchas rápidas presuntamente utilizadas para transportar droga han interrumpido aún más los envíos desde la costa norte. Sin embargo, aunque esto ha obligado a los traficantes a adaptarse, no ha detenido ni la producción de cocaína en Venezuela ni el tránsito de cargamentos. Muchos envíos —especialmente los destinados a Europa— ahora se desplazan por el sur de Venezuela hacia la costa oriental, o hacia la vecina Guyana y luego a Surinam. En los tres lugares, InSight Crime ha encontrado evidencia de la construcción de semisumergibles o “narcosubmarinos”, capaces de transportar cargamentos de cocaína de hasta nueve toneladas directamente a Europa.
La captura de Maduro ha eliminado al patrón del Cartel de los Soles y al arquitecto del modelo de gobernanza criminal híbrida. Sin embargo, la participación directa de Maduro en el narcotráfico ha sido objeto de interpretaciones muy dispares, y su caída abre varios escenarios posibles. La naturaleza precisa del papel de Maduro en el negocio de la cocaína se encuentra ahora en el centro de su juicio en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
