Silvia Reyna Mendoza, madre de ocho hijos y residente desde hace casi cuatro décadas en Sacramento (California), fue deportada a México pocos días después de denunciar a un contratista de ICE (Immigration and Customs Enforcement) por acoso sexual, en medio de un proceso judicial que incluía una orden de suspensión temporal de deportación.
Por La Opinión
De acuerdo con Newsweek, Reyna Mendoza formaba parte del programa de supervisión de BI Incorporated, una empresa privada contratada por ICE para el control y monitoreo de inmigrantes mediante dispositivos electrónicos. Su familia sostiene que uno de los empleados de BI la acosó durante meses, enviándole mensajes y videos de carácter sexual, e incluso intentó coaccionarla con frases insinuantes a cambio de favores.
De la denuncia a la deportación
La denuncia de Reyna Mendoza fue presentada en noviembre de 2024 y señalaba directamente a dos empleados de BI Incorporated. Según The Sacramento Bee, el agresor, quien tenía acceso a su número de teléfono móvil, le habría enviado fotografías y videos explícitos, incluidas imágenes de sí mismo desnudo.
Tras reportar el caso a sus supervisores y a ICE, su familia asegura que no se abrió ninguna investigación interna inmediata y que se intentaron eliminar las pruebas.
Pese a contar con una orden judicial de aplazamiento de emergencia emitida el mismo día de su detención, la deportación se ejecutó horas antes de que el fallo llegara al centro de detención, según ABC7 Los Angeles. Silvia fue trasladada a Tijuana sin previo aviso, separada de sus hijos y sin acceso a sus pertenencias personales.
BI Incorporated respondió a las acusaciones con un comunicado enviado a Newsweek, en el que afirmó mantener “una política de tolerancia cero” y aseguró que se realizan investigaciones “exhaustivas” ante cualquier denuncia. Sin embargo, la compañía no ha especificado si el empleado señalado continúa vinculado a su plantilla.
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