A principios de este mes de septiembre, la firma de consultoría Strategos BIP encendió las alarmas sobre una modalidad de comercio ilícito que opera con sigilo pero con un impacto devastador para Colombia. A través de un detallado informe titulado “El contrabando técnico de aluminio: una fuga silenciosa”, la organización, liderada por el brigadier general (r) Juan Carlos Buitrago, expone una red de operaciones fraudulentas que va más allá de la simple evasión, configurando un problema estructural de seguridad y competencia desleal que pone en jaque a la industria nacional.
El análisis de la consultora, que abarcó el periodo entre enero de 2024 y febrero de 2025, arroja cifras contundentes. De un universo estudiado de 38.800 toneladas de perfiles metálicos importados, se identificaron indicios de contrabando técnico en más de 14.600 toneladas de perfiles de aluminio. Lo más preocupante, sin embargo, reside en el segmento de “alto riesgo”, donde más de 3.000 toneladas, equivalentes al 8% del mercado, fueron importadas con una distorsión de precios monumental. Estas operaciones declararon un valor FOB -el de la mercancía puesta a bordo del barco en el puerto convenido- de apenas 1,3 millones de dólares, cuando su valor real, calculado con precios de referencia razonables, superaría los 12 millones de dólares.
Esta millonaria fuga de recursos no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de una actividad criminal persistente. El informe contextualiza que durante la última década, las incautaciones de perfiles de aluminio han sido recurrentes, evidenciando una problemática que se nutre del *dumping* —venta por debajo del costo de producción—, principalmente de productos procedentes de China. De hecho, desde finales de 2023, el Ministerio de Comercio adelanta una investigación formal a raíz de la solicitud de tres empresas extrusoras nacionales que buscan medidas para protegerse de esta competencia desleal, una batalla que se libra en paralelo en varios países del mundo.
Reclasificación fraudulenta y precios irrisorios
El informe de Strategos BIP profundiza en el cómo, desvelando las dos principales modalidades que componen esta sofisticada arquitectura de fraude. Lejos de ser tácticas aisladas, el *dumping*, la subfacturación y la clasificación arancelaria incorrecta actúan como eslabones de una misma cadena criminal que se adapta con agilidad para explotar cualquier fisura en el sistema de control.
La primera y más elaborada modalidad consiste en el camuflaje arancelario: declarar los perfiles de aluminio bajo partidas correspondientes a otros productos, como perfiles de hierro y acero, para así reducir la carga impositiva y eludir la fiscalización. Según el análisis, esta práctica tuvo como epicentro la aduana de Buenaventura, que acaparó el 44,4% de las operaciones sospechosas. Le siguió de cerca Cartagena con un 36,1%, aunque su actividad bajo este esquema parece haberse detenido en septiembre de 2024. Ello no frenó el ilícito, sino que lo desplazó; a partir de 2025 comenzaron a detectarse operaciones similares en Barranquilla (15,3%) y Urabá (4,2%), evidenciando una preocupante dispersión geográfica del delito.
La segunda modalidad es más directa pero igualmente lesiva: la subfacturación descarada. En estos casos, los importadores declaran el producto correctamente, pero a precios irrisorios que llegaron a estar hasta 14 veces por debajo de un umbral comercial razonable. Esta práctica se concentró abrumadoramente (en un 90%) en la aduana de Buenaventura. Para dimensionar la magnitud de esta distorsión, basta con señalar que mientras la Resolución 288 de 2024 fijó derechos antidumping para perfiles similares en 4,13 dólares por kilogramo, los valores declarados en estas operaciones fraudulentas oscilaban entre 0,2 y 1 dólar por kilogramo.
Las implicaciones de este esquema fraudulento trascienden el mero desequilibrio comercial. Como subraya el informe de Strategos BIP, cada cargamento que ingresa al país con precios artificialmente bajos representa una estocada directa a la capacidad financiera del Estado, mermando los recursos destinados a la inversión social y el desarrollo. Esta evasión fiscal no solo debilita las arcas públicas, sino que también crea un ecosistema de competencia desleal que asfixia a las empresas que sí cumplen con la ley, reforzando una peligrosa percepción de que el sistema puede ser burlado con impunidad y alto lucro.
Contrabando ilícito de aluminio – informe de Strategos BIP by Presents 360
Columna recomendada
Finalmente, en otro orden de ideas, el general Buitrago invitó a sus seguidores en la red social X a leer una de sus columnas de opinión enfocada en la “relación criminal entre Maduro, las FARC y el ELN”.
Para entender la relación criminal entre el dictador Maduro, Las FARC y el ELN.
Invito a leer mi columna del momento. https://t.co/PLZ3lm0RUR— General (ret) Juan Carlos Buitrago A. (@bg_buitrago) August 29, 2025
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