El caso del teniente coronel (Ej) Juan Antonio Hurtado Campos, revela que la desaparición forzada de militares en Venezuela sigue dejando profundas heridas y perturbadoras evidencias de crímenes de lesa humanidad. Su familia lleva ocho años de búsqueda y silencio institucional, y aunque su nombre apareció en una lista, publicada por el ministro de la Defensa, de 33 expulsados y degradados de la FANB en 2024, su familia sigue sin saber dónde está.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Juan Antonio Hurtado se encontraba de vacaciones durante el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante la celebración del Día de la Guardia Nacional, conocido como el Caso Drones del 4 de agosto 2018, según relató su hermana Dora Hurtado a Infobae. Apenas unos meses antes, el oficial había regresado de una comisión que viajó a Rusia.
Al reincorporarse a su puesto en el Palacio de Miraflores el 4 de septiembre 2018, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y desde entonces su familia perdió todo contacto con él.
Su madre, Juana Campos, acudió al lugar de trabajo de Hurtado y solicitó hablar con el jefe directo de su hijo. Fue recibida por un hombre vestido de civil, quien se identificó como el coronel (Ej) Rubén Coronel quien le informó que no disponía de ninguna información sobre el paradero de Hurtado.
Ante la incertidumbre, la madre preguntó dónde podía obtener respuestas, pero le aconsejaron que no investigara en ninguna institución, pues la información era la misma en todas partes. A pesar de ello, la familia visitó el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Fiscalía General Militar, sin lograr obtener datos sobre el caso.
Amigos y familiares recorrieron varios centros penitenciarios, entre ellos El Helicoide, la cárcel militar de Ramo Verde y El Rodeo I, donde les confirmaron que Hurtado no estaba recluido en ninguna de esas instalaciones.
Recientemente, su hermana Dora Hurtado, logra obtener un número de expediente de la Unidad Receptora de Documentos (URD) donde los abogados y partes consignan los escritos que van para los tribunales: “Tribunal 36 de Control Solicitud, 10 de julio 2019, 1111-19 Nr. AP 02O219000063”, y fueron dirigidos al Palacio de Justicia, donde se les aseguró que no existía ningún documento relacionado con el caso.
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