En días recientes se celebró en Madrid, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, CGAE, máxima instancia de juristas del Reino de España que agrupa a 83 Colegios de Abogados, una sesión histórica que marca un antes y un después en la articulación del respaldo internacional a la abogacía venezolana y a la causa del Estado de derecho en nuestro país.Allí, junto al presidente del Consejo, Dr. Salvador González, y a las máximas autoridades de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA), presidida por el jurista argentino Dr. Carlos Andreucci y con la presencia de su vicepresidente, el Dr. Alfonso Pérez Cuéllar, quien ha sido un gran aliado a la causa venezolana y a la defensa de la democracia y justicia independiente en Iberoamérica, se produjo un pronunciamiento claro, firme y valiente: la Abogacía Española, de América y Europa, reclama una transición pacífica en Venezuela y respalda a los abogados venezolanos que ejercen en un entorno marcado por limitaciones al libre ejercicio profesional, riesgos a su independencia y amenazas a su seguridad personal.
No se trata de una declaración retórica. Se trata del pronunciamiento del máximo órgano de España, y de una organización iberoamericana que agrupa a más de cuatro millones de juristas. Es, sin duda, uno de los respaldos institucionales más relevantes que ha recibido la abogacía organizada venezolana en las últimas décadas.
LA FUERZA DE LA ABOGACIA ORGANIZADA VENEZOLANA.
Este logro no es casual. Es el resultado de más de veinte años de trabajo sostenido en instancias internacionales, de la perseverancia de la abogacía venezolana democrática y de la articulación de plataformas como el Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI).
Estas instancias han entendido que la defensa del Estado de derecho no puede limitarse a lo interno, cuando precisamente el sistema de justicia ha sido instrumentalizado como mecanismo de persecución política.
La sesión en Madrid permitió exponer con detalle la situación venezolana: la existencia de abogados encarcelados, la criminalización del ejercicio profesional y la utilización del aparato judicial como herramienta de terrorismo de Estado. El propio Consejo General de la Abogacía Española expresó su profunda preocupación por la situación institucional, social y jurídica que atraviesa Venezuela, reiterando su compromiso con la defensa de las libertades fundamentales y la dignidad humana.
Ese compromiso no quedó en palabras. Se acordó fortalecer la cooperación a través de la UIBA y del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), en la próxima reunión de Viena, llevar el caso de Venezuela, con el objetivo de proteger a los profesionales del derecho y garantizar que puedan ejercer su función esencial en la defensa de los derechos y libertades.
EL COLAPSO DE LA DEFENSA PUBLICA Y LA URGENCIA DE UN MODELO INDEPENDIENTE.
En las mesas de trabajo abordamos un punto medular: la necesidad de preservar y reconstruir la independencia del sistema de justicia.
En Venezuela, la defensa pública ha sido desnaturalizada. Lejos de actuar como garantía constitucional del derecho a la defensa, ha sido utilizada para bloquear la labor de la defensa privada. En numerosos casos, los tribunales y fiscales impiden que el ciudadano designe a su abogado de confianza. Se impone un defensor público que, en la práctica, sigue instrucciones del operador judicial del régimen.
Paradójicamente, más del 68% de los sometidos a juicio son personas de escasos recursos. Pero la respuesta no puede ser una defensa pública subordinada al Ejecutivo. La respuesta debe ser un sistema garantista, profesional y autónomo.
En este sentido, analizamos el modelo español del turno de oficio. En España, el acceso a la justicia gratuita es gestionado por los Colegios de Abogados a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), mientras que el financiamiento corresponde a la Administración Pública. El abogado es designado provisionalmente por el Colegio, garantizando independencia técnica, y posteriormente se determina la gratuidad del servicio.
Este esquema combina tres elementos esenciales: independencia profesional, organización colegial y financiamiento público transparente. Es una referencia valiosa para la futura reconstrucción institucional venezolana.
TRANSICIÓN PACÍFICA Y RESCATE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.
Durante el encuentro se reiteró que cualquier proceso de transición en Venezuela debe ser pacífico, democrático y respetuoso de los derechos humanos. La Abogacía Española subrayó que la transición debe sustentarse en la participación libre y plural del pueblo venezolano, mediante el diálogo, el consenso social y la reconciliación nacional.
Se destacó la importancia de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos sin intimidaciones ni restricciones. Sin libertad de expresión, sin derecho de reunión y sin garantías judiciales, no hay democracia posible.
La presencia de representantes de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y de la Presidenta de la Asamblea Nacional legítima, Dra. Dinorah Figuera, evidenció que este respaldo no es individual sino institucional. Es un respaldo a la Venezuela democrática.
EL MAYOR RESPALDO INTERNACIONAL EN DEFENSA DE LA JUSTICIA VENEZOLANA.
En mi gira por América (México, Colombia, Panamá), y ahora Europa, particularmente en Madrid, he recibido un respaldo pleno a la lucha libertaria venezolana y a la causa de los abogados perseguidos. Puedo afirmar, con la experiencia de más de dos décadas en organismos internacionales, que estamos ante el más importante respaldo jurídico-institucional logrado en favor de los abogados venezolanos y de la reconstrucción del sistema de justicia.
Este apoyo no significa injerencia; significa solidaridad profesional y defensa de principios universales: Estado de derecho, separación de poderes y respeto a la dignidad humana.
Hoy la abogacía organizada venezolana no está sola. POC, CONFEPUV y FAPI han logrado tender puentes sólidos con las más altas instancias jurídicas de América y Europa. Se ha sembrado una red de apoyo técnico y político que será determinante para el proceso de reconstrucción institucional que vendrá.
Porque la justicia no es patrimonio de un régimen, sino columna vertebral de la República. Y cuando la justicia se pervierte, la abogacía tiene el deber histórico de alzarse.
Venezuela atraviesa horas complejas, pero la comunidad jurídica internacional ha hablado con claridad: la transición debe ser pacífica, el Estado de derecho debe restablecerse y los abogados venezolanos deben ejercer sin miedo.
Ese es el compromiso. Y ese es el camino.
Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; Diputado Nacional 2015; Abogado Constitucionalista.
