Daniel Lozano-Camargo, un joven venezolano de 20 años que residía en Houston, Texas, es el segundo inmigrante que fue deportado por error a El Salvador en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump, según reportes de varios medios estadounidenses.
Por Univision
Lozano-Camargo, quien hasta ahora era conocido por su alias en la corte «Cristian», fue expulsado del país el pasado 15 de marzo.
Su caso se dio a conocer tras la polémica generada por la deportación de Kilmar Abrego García, un salvadoreño cuya remoción fue considerada ilegal por una jueza federal.
Ambos fueron enviados a una prisión salvadoreña junto con otros cientos de hombres, en medio de una operación masiva que ha desatado batallas legales y una ola de críticas.
En un fallo reciente, la jueza Stephanie Gallagher ordenó que el gobierno estadounidense facilite el regreso de Lozano-Camargo a Estados Unidos, al considerar que su deportación violó los términos de un acuerdo legal alcanzado en noviembre de 2024.
Este prohibía a las autoridades migratorias deportar a personas que hubieran ingresado al país como menores no acompañados, mientras sus solicitudes de asilo estuvieran pendientes.
Daniel Lozano-Camargo llegó a EEUU con 17 años
Originario de Maracaibo, Venezuela, Lozano-Camargo llegó a Estados Unidos en 2022, cuando tenía 17 años, tras haber vivido un tiempo con un tío en Colombia. Al ingresar sin documentos, fue enviado a un centro para menores inmigrantes, donde permaneció hasta que cumplió 18 años.
Posteriormente, se estableció en Houston, donde inició un pequeño negocio de lavado profesional de autos, que promovía a través de Facebook.
Además, ayudaba a criar a la hija de su pareja, a quien consideraba como su propia hija, según declaraciones de sus abogados retomadas por medios.
Sin embargo, su situación migratoria se complicó tras dos arrestos por posesión de drogas en Texas en 2024. En junio fue detenido por tener entre uno y cuatro gramos de cocaína y, tras no presentarse a una cita judicial en octubre, se revocó su libertad condicional. En noviembre fue arrestado nuevamente, esta vez por poseer menos de un gramo.
En enero de 2025, se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 120 días de cárcel. Después de cumplir parte de esa condena, fue entregado a las autoridades de inmigración, que lo consideraron deportable, a pesar de que contaba con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en curso, lo cual legalmente lo protegía de ser removido del país.
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