Ya son cuatro los valerosos venezolanos, Mario José de Nigris León, John Cáceres Morillo Laura García y Víctor Guerrero Alcántara, que al momento de publicarse la presente crónica, completarán alrededor de 96 horas en huelga de hambre, frente a las puertas de la Corte Penal Internacional, CPI de La Haya. La protesta ha sido por la mora maliciosa de dicho organismo, en sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La CPI, es un organismo cuya postración moral es igual a la de sus Estados miembros. Caso contrario estos últimos, la hubiesen supervisado con un mínimo de diligencia para que no se convirtiese en epicentro de venalidad, desde el mismísimo inicio de sus operaciones.
“Le pedimos a la CPI que actúe, ya, porque la justicia no puede seguir esperando. No pedimos compasión, exigimos justicia”. Tal es la demanda central de los huelguistas.
Y así es, porque “Justicia tardía, no es justicia” según el conocido tópico.
La más reciente demostración de la, molicie, de la falta de fe y de compromiso con sus obligaciones, se constata en los once meses que tomaron los magistrados de la Sala de Apelaciones de la CPI en dictaminar —con el único voto salvado de la honorable Luz del Carmen Ibáñez y la protesta de la no menos honorable Paolina Massida representante de la Oficina de Atención a las Víctimas— algo que pese a lo escandaloso, resultaba sencillo. Nos referimos al impúdico conflicto de intereses generado en el expediente Venezuela I, al asumir la señora Venkatesware Alagendra la defensa de los presuntos autores de los crímenes de lesa humanidad acusados por su mismísimo, cuñado y socio. Karim Khan. Todo en familia, para no darle más vueltas al asunto.
Oigamos algunas de las justificaciones esgrimidas por el Fiscal recusado:
Que en efecto, entre él y su hermana política, había y hay, un segundo grado de afinidad, pero que tal vínculo no es «lo suficiente cercano», para exigir su inhibición.
Que, además, los cuñados “no vivían bajo el mismo techo” ; que sus encuentros han sido muy ocasionales y que cuando se han producido, ha habido un pacto no escrito, de no conversar sobre temas legales —-nos imaginamos que los asuntos crematísticos no estaban incluidos en el pacto en cuestión.
Que tanto, él, es decir, el Fiscal Jefe, como su cuñada y socia tenían varios años dedicándose a defender criminales internacionales, por lo que no había nada de particular —nada de particular para un prevaricador de profesión— que en determinadas circunstancias, ambos fuesen codefensores de un mismo criminal de lesa humanidad o que según las conveniencias se intercambiarán los roles, él, como acusador y como defensora de tal acusado, élla, su socia y hermana política.
Después de varias solicitudes de recusación contra el Fiscal de marras, presentadas de manera insistente, a lo largo de octubre de 2024 por la Fundación Arcadia, no fue sino hasta el 12 de noviembre que el Registrador de la CPI, le remitió las correspondientes actas a la Cámara de Apelaciones de la CPI, para que tres meses después, en específico el 10 de febrero de 2025, esta última, declarase no ha lugar el conflicto de intereses denunciado.
Otros dos meses más y el ocho de abril del mismo año, la referida Corte de Apelaciones declaró que volvería a revisar, ex officio, la existencia del posible conflicto para, finalmente, el 1 de agosto de este mismo año, reconocer, que las conexiones entre el fiscal con su socia y cuñada sí configuraban la mencionada causal de separación del caso. No fue sino hasta el martes 2 de la presente semana, cuando el Fiscal recusado se dignó a separarse de manera formal del conocimiento del expediente Venezuela I y eso, bajo protesta y considerándose muy pero muy ofendido, cual Tartufo de Molière.
Total, que para dictaminar sobre una colusión que no necesitaba anteojos, la CPI, se tomó casi un año —a algunos juzgados muy pueblerinos les bastan 72 horas— y con ello prefabricó nueva coartada según la cual tal recusación, retrasó y seguirá retrasando la investigación personalizada y específica, contra cada uno de los autores de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.
Por muy parcializada o “tocada” —para emplear la germanía apropiada al caso— que esté la CPI, no hay que cejar en exigirle Justicia. Además, es nuestro deber seguir apoyando a los valerosos compatriotas que han expuesto sus vidas para que tales crímenes no permanezcan impunes.
@omarestacio
Epígrafe sugerido: …para dictaminar sobre una colusión que no necesitaba anteojos, la CPI, se tomó casi un año —a algunos juzgados muy pueblerinos les bastan 72 horas.
