La organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) denunció el 11 de abril que más de 200 venezolanos deportados a El Salvador por la Administración del presidente Donald Trump, se encuentran en una situación de desaparición forzada y detención arbitraria.
El 15 de marzo, el gobierno de Estados Unidos envió a 238 venezolanos a El Salvador, acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua, donde el gobierno de Nayib Bukele los encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel destinada originalmente para 40 mil pandilleros locales.
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
HRW indicó en una comunicado que entrevistó a 40 familiares de las personas enviadas a El Salvador y agregó que los venezolanos permanecen incomunicados desde su traslado al país centroamericano.
“Los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas a los familiares y las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de los venezolanos”, resaltó la ONG.
Solicitud de información a El Salvador
La ONG exhortó a las autoridades estadounidenses a hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador y al gobierno salvadoreño a confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior.
“La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, acotó Goebertus.
Agregó que la ONG envió una carta a las autoridades salvadoreñas el 5 de abril solicitando información sobre los detenidos, sus condiciones de detención en el Cecot y el fundamento jurídico de los arrestos, pero el gobierno de El Salvador no ha respondido.
Todos los familiares de detenidos entrevistados por Human Rights Watch señalaron que las autoridades estadounidenses de migración les avisaron que los migrantes serían devueltos a Venezuela, a ninguno le dijeron que sería enviado a El Salvador.
“Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”, afirmó Goebertus.
La organización destacó que, de acuerdo con el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero.
Reclamo de otra ONG internacional
La ONG Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado el 25 de marzo para expresar preocupación por la deportación de los venezolanos a El Salvador. En el texto menciona el modelo de seguridad del presidente Bukele, así como la falta del debido proceso en el traslado y criminalización de personas con base en criterios discriminatorios.
“Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización advirtió que la normalización de las vulneraciones al debido proceso en El Salvador es preocupante y que, en lugar de ser imitadas por gobiernos como el de Estados Unidos, deberían ser condenadas.
“Según la información pública disponible, entre las personas expulsadas se encuentran personas que se encontraban en proceso judicial, fueron arrestadas mientras cumplían con sus obligaciones migratorias, ya contaban con protección en EE UU, incluida la Convención contra la Tortura, y fueron etiquetadas como pandilleros por sus tatuajes o su conexión con el estado venezolano de Aragua, sin ninguna otra prueba”, se puede leer en el comunicado.
AI enfatizó que estas expulsiones no constituyen deportaciones debido a que no siguieron el proceso legal establecido en la legislación estadounidense. Amnistía explicó que las personas fueron enviadas sin órdenes formales de expulsión y destinadas a cumplir una condena indefinida en un sistema donde se vulnera de manera sistemática los derechos humanos fundamentales.
Con información de EFE
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