El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), celebró este miércoles 30 de julio la sanción impuesta por Estados Unidos al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes e insistió en la aprobación de una amnistía que, según dijo, «devuelva la libertad a los perseguidos» y «demuestre que Brasil aún cree en la democracia».
Con un mensaje en su cuenta de X, el diputado, que está desde marzo pasado en EEUU negociando sanciones contra Brasil en favor de «justicia» para su padre, instó al Congreso a aprobar una amnistía «amplia, general e irrestricta» para los acusados por golpismo, un pedido constante por parte de los apoyadores de la ultraderecha brasileña.
Asimismo, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, y calificó de «hecho histórico» el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de aplicar la Ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes.
«Cuando me exilié aquí en Estados Unidos, dejé bien en clara mi intención de sancionar a Alexandre de Moraes, porque entendía que en Brasil ya no existían más medios para luchar contra esa tiranía. Hoy, tengo sensación de misión cumplida», expresó en un video de poco más de un minuto el hijo del exmandatario.
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De Moraes es el juez de la Corte Suprema de Brasil a cargo del juicio por golpismo que tiene a Jair Bolsonaro como el principal acusado y además es quien autorizó en un primer lugar las medidas cautelares contra el expresidente, que incluyen el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar sus redes sociales y la obligación de pasar las noches y los fines de semana en su casa.
«No se trata de venganza, sino de justicia. No se trata de política, sino de dignidad. Es hora de dar vuelta la página, JUNTOS!», sentenció en su mensaje.
Esta ley, bautizada Magnitsky en honor a un abogado ruso y aprobada durante la gestión de Barack Obama, autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Según la Fiscalía brasileña, Bolsonaro y otros siete reos en el juicio que tramita en la Corte Suprema incurrieron en los delitos de «golpe de Estado», «organización criminal armada», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho», «daño cualificado por violencia grave o amenaza» y «deterioro de patrimonio protegido».
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El complot habría comenzado tras la derrota del ex jefe de Estado en las elecciones de octubre de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya investidura se intentaba impedir.
Según la Fiscalía, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de ultras intentaron alentar a los militares a derrocar al nuevo Gobierno.
Esta causa fue la que incentivó el arancel del 50 % a las importaciones brasileñas anunciado a inicios de este mes por Trump, quien alegó una «caza de brujas» y una supuesta persecución política y judicial contra Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro también es objeto de una investigación en el Supremo, para intentar dilucidar las gestiones del diputado ante la Casa Blanca en busca de sanciones para los magistrados de ese tribunal y para el propio país.
EFE
