Un grupo de familiares de detenidos en los calabozos del Cicpc delegación Maturín, denunció las condiciones “inhumanas” en las que se encuentran sus parientes, razón por la que piden medidas humanitarias y celeridad en los casos.
Por lapatilla.com
A pesar de tratarse de un centro de detención preventiva, donde las personas no deben pasar más de 45 días detenidas, hay quienes llevan más de dos años en ese recinto.
Los ciudadanos manifestaron que en dos calabozos se encuentran unos 192 detenidos en celdas de aproximadamente 5×7 metros cuadrados y 3×2 metros cuadrados, por lo que aseguran que muchos presos deben dormir de pie o agachados.
De igual forma, denunciaron el colapso de las cloacas que generan afecciones en la piel, así como un presunto brote de varicela y tuberculosis.
“Tengo acá un hermano que tiene 66 años con déficit motor, fue la única dificultad con la que llegó, pero ahora ha contraído varias patologías, entre esas tuberculosis y una infección en la pierna donde agarró una fuerte bacteria. Es diabético e hipertenso y ha empeorado en todas sus patologías y hasta dos infartos le han dado. El cardiólogo le mandó ponerle un marcapasos y no se ha podido. Lo que pido es una medida humanitaria de casa por cárcel”, expresó Mírvida Tovar.
Agregó que en la última visita pudo verlo “bastante deteriorado de salud”, por lo que urge que los expedientes sean revisados y así descongestionar este centro de detención temporal.
Por su parte, Carmen Zapata, quien tiene a su hijo detenido en esos calabozos desde hace casi un año, denunció que a su descendiente le fue sembrada una presunta droga.
Asegura que casi no duerme por la situación de hacinamiento, lo que a su juicio se trata de condiciones inhumanas.
“Tenemos que no tener miedo. Yo tuve miedo porque mi hijo me dijo: ‘no hables, mamá, yo tampoco voy a hablar’, por miedo a mi hermana, a mi hijo, a mi esposa. Por miedo, no habló. El doctor que lo quiso defender decía que no hablara, pero ya no podemos seguir en esto”, dijo entre lágrimas Carmen Zapata, otra de las denunciantes.
Por su parte, Carmen Meza manifestó que su hijo lleva casi un año esperando por una prueba psicosocial que le ordenaron desde Caracas. Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes, esa prueba no se ha realizado por obstaculización del propio presidente del Palacio de Justicia de Monagas.
