El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una carta al abogado de Franco Caraballo, un venezolano deportado desde Estados Unidos a El Salvador, para informarle que solicitó al gobierno salvadoreño una investigación que permita esclarecer su paradero y las posibles irregularidades cometidas durante su expulsión.
El departamento investiga la situación como un caso de “desaparición” debido a que ni su familia ni sus abogados han vuelto a tener contacto con Caraballo desde el 14 de marzo de 2025.
La petición fue notificada el 11 de junio a Martin Rosenow, representante legal de Caraballo. En la carta enviada por la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, Gabriella Citroni, se indica que el caso fue examinado y transmitido oficialmente al gobierno salvadoreño.
“El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos”, dice la comunicación difundida por Univisión Noticias.
Franco Caraballo fue expulsado sin tener una orden de deportación en uno de los vuelos que partieron desde Texas el 15 de marzo de 2025. Su abogado asegura que, al igual que otros 237 venezolanos, fue enviado sin previo aviso a El Salvador.
Rosenow contó que la última vez que se supo de Caraballo fue el 14 de marzo, un día antes del vuelo. Esa noche, el venezolano llamó a su esposa y le dijo que lo iban a deportar a Venezuela. Nunca mencionó a El Salvador porque, según el abogado, tampoco lo sabía.
“Cuando me enteré de que lo habían montado en un avión el viernes, dije: ‘No puede ser que lo estén deportando, porque él todavía tiene su proceso pendiente y no puede ser deportado legalmente sin tener una orden de deportación’”, explicó Rosenow.
Casos cerrados
El medio Univisión Noticias informó que a finales de abril, el gobierno federal de Estados Unidos pidió al juez de inmigración cerrar el caso de asilo de Caraballo, alegando que ya no se encontraba en el país y la solicitud procedió.
Rosenow objetó la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero aún no ha recibido respuesta.
La organización Together and Free, que ha acompañado a familiares de los deportados, estima que al menos una docena de casos de asilo fueron cerrados bajo los mismos argumentos.
Las decisiones se tomaron a solicitud de los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), aunque los migrantes no habían concluido sus procesos, ni contaban con órdenes definitivas de deportación.
Denuncias por desapariciones forzadas
Por otra parte, Univision Noticias consultó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre el caso de Caraballo. El organismo confirmó que en su sesión más reciente —celebrada entre abril y mayo de 2025 en Tailandia— se revisaron 125 casos de desapariciones forzadas en distintos países, incluido El Salvador.
De acuerdo con esta información, la instancia alegó que se entregó un informe situacional sobre las “deportaciones ilegales desde Estados Unidos”.
El Grupo de Trabajo también recordó que en enero de 2024 envió al gobierno estadounidense un documento con denuncias sobre desapariciones forzadas de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo —incluyendo mujeres, niños y personas con discapacidad— mientras se encontraban bajo custodia de agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
De acuerdo con el informe, muchas personas fueron detenidas sin comunicación durante varios días, sin que sus familias o abogados supieran su paradero. El documento también advierte que estas prácticas violan principios básicos del derecho internacional.
Otros pronunciamientos internacionales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) publicó un comunicado el 30 de abril en el que expresó preocupación por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros que habría sido aplicada de forma incorrecta para ejecutar estas deportaciones.
El comunicado reseña que se permitió que las expulsiones se hicieran sin acceso a tribunales ni revisión independiente, lo cual estaría en contravención con el derecho internacional. “Las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional”, señaló la OHCHR.
El organismo también denunció que los migrantes no fueron informados sobre su destino, que sus familias no fueron notificadas, y que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han publicado la lista de personas expulsadas ni su situación legal actual.
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