El gobierno del presidente Donald Trump activó una nueva estrategia para agilizar la deportación de migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con un memorando del 30 de mayo y divulgado por NBC News el miércoles 11 de junio, el Departamento de Justicia está ordenando a los jueces de inmigración que desestimen casos abiertos sin necesidad de trámites formales, ni plazos de espera.
La directriz indica que se les permita a los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitar verbalmente el cierre de casos durante las audiencias. Los jueces, por su parte, deberán emitir la decisión de inmediato, sin conceder el tiempo habitual de 10 días para que los migrantes puedan ejercer su derecho a respuesta.
“El fallo oral debe emitirse el mismo día en que concluyen los testimonios y argumentos”, señala el texto. Además, especifica que no se necesita presentar documentación adicional para que la desestimación sea aprobada.
Esto implica que una vez cerrado el caso, los migrantes podrían ser expulsados del país mediante el procedimiento de “deportación expedita”, sin la posibilidad de exponer su caso ante un juez.
Una fuente vinculada al sindicato de jueces de inmigración aseguró que, aunque la medida es técnicamente legal, ha generado incomodidad entre los magistrados. “Muchos consideran que esta orden es una burla al proceso y contradice los principios de justicia que Trump prometió respetar. Aplicar la ley no debe significar saltarse garantías básicas”, afirmó un funcionario, de acuerdo con una reseña de la cadena Telemundo.
Jason Houser, quien fue jefe de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Joe Biden, advirtió que esta estrategia podría aumentar las detenciones, pero no necesariamente agilizar las deportaciones, según el medio de comunicación. A su juicio, el sistema no cuenta con la capacidad suficiente para sostener una cifra creciente de personas bajo custodia.
De acuerdo con cifras del ICE, para el 23 de mayo había más de 51 mil migrantes detenidos, aunque el presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense solo permite mantener a 41.500 personas.
Exfuncionarios de la agencia de inmigración alertaron que superar esa capacidad por mucho tiempo podría generar “sanciones judiciales y problemas de presupuesto”, además de violar “estándares legales sobre condiciones de detención”.
Protestas contra las redadas del ICE se extendieron a más de 20 ciudades de Estados Unidos
Las protestas contra las redadas realizadas por funcionarios de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que comenzaron en el estado de California, se extendieron a otras localidades de Estados Unidos. Desde el fin de semana del 7 y 8 de junio se registraron manifestaciones en ciudades como Nueva York, Chicago, Washington y Filadelfia.
Las manifestaciones comenzaron el viernes 6 de junio en Los Ángeles y se prolongaron por varios días, por lo que el presidente de EE UU, Donald Trump, ordenó el despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional para disolver las concentraciones.
Una de las causas de estas protestas fueron las redadas realizadas por agentes de ICE en Los Ángeles y sus alrededores. A pesar de esto, el gobierno de Trump afirmó que continuará con el programa de redadas de deportaciones.
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