Leavenworth, en Kansas, ocupa un espacio mítico en la historia del crimen estadounidense y evoca las duras condenas de quienes han estado recluidos allí. Ese penal federal albergó a criminales como Al Capone y Machine Gun Kelly. El edificio es tan infame que fue bautizado como ‘la casa grande’ de las cárceles.
Ahora, la ciudad más antigua de Kansas podría albergar pronto a detenidos mucho menos famosos: inmigrantes que son el centro de la promesa del presidente, Donald Trump, de deportaciones masivas contra quienes viven sin documentos en Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump ha firmado un acuerdo con la empresa privada de prisiones CoreCivic Corp. para reabrir una cárcel de 1,033 camas en Leavenworth como parte de un aumento de contratos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido sin el acostumbrado proceso de licitaciones.
La agencia ha citado una “urgencia apremiante” para conseguir miles de camas de detención adicionales, y sus esfuerzos han hecho que las estimaciones de ganancias se disparen para empresas privadas con conexiones políticas, incluyendo CoreCivic, con sede en el área de Nashville, Tennessee, y The Geo Group Inc., ubicada en el sur de Florida.
Esos planes enfrentan resistencia. La localidad de Leavenworth presentó una demanda contra CoreCivic después de que intentó reabrir sin que los funcionarios de la ciudad aprobaran el acuerdo, citando las palabras de una jueza federal, quien describió como “un infierno” la prisión actualmente cerrada.
El caso en Leavenworth vuelve a poner de manifiesto las tácticas inusualmente agresivas del presidente republicano para acelerar la expulsión de inmigrantes.
Para ampliar el número de camas de inmigrantes detenidos, el Gobierno de Trump ha modificado docenas de acuerdos existentes con contratistas y ha utilizado contratos sin licitación. Uno de esos contratos paga 73 millones de dólares a una empresa dirigida por exfuncionarios federales de inmigración para “equipos de apoyo al cumplimiento de la ley de inmigración” para manejar tareas administrativas, como ayudar a coordinar las deportaciones, procesar quejas o informar a ICE si alguien representa un riesgo para la seguridad de la comunidad.
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