La administración de Donald Trump informó el 3 de septiembre que pondrá fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 cuya vigencia finaliza el 10 de septiembre. De este beneficio dependen alrededor de 268 mil venezolanos.
De acuerdo con una publicación del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) en su página web, la medida se hará efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal, sin precisar la fecha en que esto ocurrirá.
“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente. Al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, es evidente que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia a Estados Unidos”, declaró el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser.
El comunicado también indica que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las actuales condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS, y que la protección dada en 2021 para Venezuela «es contraria al interés nacional».
Como parte de la medida, el organismo exhortó a los beneficiarios a regresar voluntariamente a Venezuela, ofreciéndoles cubrir el pasaje de avión, un incentivo de 1.000 dólares y la posibilidad de acceder a programas migratorios legales en el futuro.
Una decisión que va en contra medida de un Tribunal de apelaciones
La decisión del gobierno de Trump se da luego de que el 29 de agosto el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600 mil venezolanos es ilegal. Sostuvo que el magistrado tiene autoridad para decidir el caso, en contra de los alegatos de la Casa Blanca.
El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero de 2025.
El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según explicó en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a los demandantes.
Lo que busca la querella
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden.
En abril de 2025, el juez Chen bloqueó de forma temporal el intento del gobierno federal de despojar a los venezolanos del TPS mientras el caso avanzaba, esa orden protegía a los 350 mil venezolanos beneficiados desde 2023, quienes iban a perder su autorización de trabajo y sus protecciones contra la deportación ese mismo mes.
Pero el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apeló dicha decisión y obtuvo una victoria en la Corte Suprema, que le permitió terminar el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregue una decisión final.
El argumento de la Casa Blanca
La Casa Blanca insistió en que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.
El fallo del Noveno Circuito de Apelaciones, por sí solo, no protege a los beneficiarios venezolanos del TPS, debido a la orden del máximo tribunal estadounidense. Sin embargo, sí significa que Chen ahora tiene la libertad de emitir su decisión sobre la medida final.
«Afortunadamente, el fallo de hoy demuestra que la Administración Trump no está por encima de la ley», declaró en un comunicado Freddy Arape, beneficiario del TPS y uno de los demandantes.
Por su parte, Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que hace parte de la Alianza, dijo que los demandantes esperan que la decisión de hoy «allane el camino para una rápida decisión final del tribunal de distrito que pueda restaurar las protecciones necesarias».
Los demandantes están representados por NDLON, las fundaciones de la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro para el Derecho y la Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la Alianza Puente Haitiana.
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