El Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y las Fuerzas Militares, en todos los rincones de Colombia, afrontan una grave crisis económica que hasta ahora sale a la luz en toda su dimensión.
SEMANA revela los resultados de una investigación periodística de cuatro meses que constata que la seguridad nacional está en riesgo por el rezago operativo de las instituciones, la falta de inversión para enfrentar las amenazas actuales y el aparente desorden en sus finanzas.
Todo esto mientras los grupos criminales se fortalecen, hacen alianzas internacionales y usan el dinero de los negocios ilícitos, como el narcotráfico, para desestabilizar al Estado y sembrar el terror. Los uniformados están asfixiados.
Los escandalosos números que prueban los aprietos financieros de las fuerzas fueron obtenidos por esta revista mediante una docena de derechos de petición y 357 interrogantes dirigidos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas; informes de los entes de control, y entrevistas con los altos mandos en las últimas 16 semanas en varias regiones del país.
El común denominador es que la plata entregada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro es insuficiente, y si no se hace un ajuste lo más pronto posible, el orden público se seguirá deteriorando aún más y las autoridades no tendrían la capacidad para responder.
Aunque la Casa de Nariño destinó 33 billones de pesos para que las fuerzas operaran durante 2025, hubo un recorte presupuestal sustancial en las zonas con mayor presencia de actores delincuenciales, lo que las ha puesto en desventaja frente al enemigo.
De acuerdo con testimonios recopilados por SEMANA, los uniformados se han visto en la obligación de sacar dinero de su propio bolsillo para costear labores de inteligencia, recompensas, patrullaje y persecución, mientras que algunos mandatarios en Antioquia y Santander han impuesto nuevas cargas tributarias para tratar de solventar las necesidades primarias.
