Según fuentes oficiales el gobierno nacional ha excarcelado un centenar de presos políticos como una medida que procura generar un clima de paz en medio de las tensiones entre la oposición y el oficialismo. ¿Y quién repara en los docentes hoy privados de libertad? ¿Quién aboga por la liberación de Robert Franco, Javier Tarazona, Luis López, Carmen Salazar, Lourdes Villarreal, Carlos Gómez? ¿Cuál voz se alza para exigir justicia?
En esta cadena interminable de tropelías, cabe la pregunta, ¿es viable un perdón administrativo para los miles de docentes del país, aun cuando está vigente la inamovilidad laboral? ¿Se han esclarecido las razones de estos despidos masivos? ¿Se ha cumplido el debido proceso? ¿Han tenido estas madres y estos padres de familia el derecho a la defensa?
El diálogo social representa una medida urgente para sanear el clima laboral y el atropello institucional. La evaluación individual de los despidos y de las suspensiones arbitrarias de los salarios de los miles de maestros significaría un gesto ministerial de buena voluntad, para el entendimiento entre un gremio estrangulado por las difíciles condiciones laborales y las autoridades educativas.
Un anuncio del Ministerio del Poder Popular para la Educación de este alcance aminoraría el déficit de docentes que se calcula entre el 50% y el 60%, en todos los niveles del sistema educativo, desde el preescolar hasta el bachillerato, y cuyo impacto afecta la calidad educativa. Reemplazar un recurso profesional de 5 años de formación cuando mínimo y con años de experiencia resulta imposible en la actualidad, cuando la educación como profesión no está valorizada socialmente.
Esta carencia de docentes en el ancho territorio nacional no se logró cubrir en el pasado con el programa Chamba Juvenil ni con los egresados de los liceos para que impartieran clases, mucho menos con el llamado a los jubilados para que regresaran de nuevo a las aulas y ahora tampoco con el programa de preparadores. De modo que recuperar e incorporar de nuevo a estos docentes es una política de sensatez institucional.
Esta denuncia del derecho a la protección del trabajo que hace el magisterio de base se suma a las luchas por la bonificación salarial, el pago de los cestastickets para el personal jubilado, la firma de la contratación colectiva, el aumento general de los salarios, entre tantas otras. En este panorama apocalíptico que viven los maestros en Venezuela el perdón administrativo representaría el cese de una práctica administrativa de persecución y violación de derechos laborales que se inauguró con esta gestión. No creemos en los milagros, sí en la resistencia como producto de la fuerza y la justicia de nuestros argumentos.
