Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, destacó este sábado 14 de marzo la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia en Venezuela. En este sentido, advirtió que la reciente Ley de Amnistía decretada para la liberación de cientos de presos políticos no resuelve por sí sola las fallas estructurales del sistema judicial.
A través de un video publicado en su cuenta de X, Romero afirmó que la situación de los detenidos por motivos políticos está vinculada a problemas de fondo dentro del sistema de justicia venezolano, que —según señaló— continúa siendo utilizado para perseguir y restringir derechos.
La amnistía no es el todo ni el nada. La esencia del problema está en el propio sistema de justicia que vulnera derechos fundamentales. pic.twitter.com/vyvBsE56a0
— Alfredo Romero (@alfredoromero) March 14, 2026
“Quiero recordar que aquí no todo se relaciona con la amnistía. Es decir, la amnistía no puede ser tampoco el todo o el nada. Es un problema del sistema de justicia”, expresó.
El abogado explicó que, durante las visitas y conversaciones con familiares de detenidos, la organización ha identificado patrones de detenciones arbitrarias, limitaciones al derecho a la defensa y violaciones al debido proceso.
Romero aseguró que en muchos casos los detenidos no han podido recibir la visita de abogados de su elección y enfrentan retrasos procesales que prolongan su permanencia en prisión.
“La gran mayoría de los casos (…) no se les ha permitido el derecho a la defensa. Se ha violado el debido proceso, hay retardo procesal y una privación de libertad de carácter preventivo que nunca culmina”, sostuvo.
Visita a Yare II
El director de Foro Penal ofreció estas declaraciones desde las afueras de la Cárcel de Yare II, en el estado Miranda, donde también denunció que algunos presos presentan problemas de salud sin recibir atención médica adecuada.
“Hay personas con enfermedades (…) que no han tenido atención médica”, indicó.
Romero insistió en que el país necesita una reconstrucción institucional del sistema judicial, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos y evitar que los tribunales sean utilizados como herramientas de persecución política.
“Necesitamos urgentemente la reinstitucionalización en Venezuela, la reconstrucción del sistema de justicia y un sistema que funcione para el ciudadano y para la protección de los derechos humanos”, concluyó.
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