La ONG Foro Penal cifró en 927 los presos políticos en Venezuela, cinco más que la semana pasada, según su conteo publicado este martes.
En una publicación en X, la organización detalló que, hasta el 2 de junio, en el grupo de detenidos hay 82 personas, una menos que en el informe pasado.
Según la ONG, el total de arrestados está compuesto por 831 hombres, 96 mujeres, entre los cuales hay 922 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
La mayoría de los detenidos, entre ellos 758 civiles y 169 militares, fueron capturados después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria.
Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 18.409 casos que tipifica como «detenciones políticas» en Venezuela.
El pasado miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, vinculó al Foro Penal, junto a las ONG Provea, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, en una presunta «estructura terrorista» que tendría planes para sabotear las elecciones regionales y legislativas que se celebraron el 25 de mayo.
En una conferencia de prensa, Cabello indicó estas organizaciones están presuntamente ligadas a una «estructura terrorista», según -afirmó- pruebas recabadas en uno de los tres teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado 23 de mayo y a quien acusó de ser el «jefe de esta red».
De igual forma, el número dos del chavismo advirtió de que un «grupo terrorista», que relacionó con la oposición mayoritaria del país, buscaba «atacar» las residencias y las embajadas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU.
Ante esto, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró el pasado viernes a EFE que las ONG del país han sido «criminalizadas y estigmatizadas».
«Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones como Provea, como Médicos Unidos, que también han sido igualmente atacadas de forma injusta, criminalizadas y estigmatizadas y eso debe cesar y así lo hemos requerido ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y las diferentes entidades de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales», señaló Romero.
El activista pidió que se resguarde la integridad física de los miembros de todas estas organizaciones para «poder seguir firmes» en su labor. EFE
