La Fiscalía colombiana imputó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco al acusarlos, este lunes 1 de diciembre, de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El ente acusador imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá a los dos exministros con los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, aunque ambos rechazaron los cargos.
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Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que ambos exfuncionarios «lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal», y que «impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas» en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía indicó que entre mayo de 2023 y octubre de 2024, Bonilla y Velasco dirigieron 74 proyectos en el Invías por 571.000 millones de pesos (152,5 millones de dólares) y cinco más en la UNGRD por 40.500 millones (10,5 millones de dólares), de los cuales siete se concretaron.
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El plan delictivo tenía como finalidad asegurar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos claves del Ejecutivo, mediante la entrega a congresistas de contratos financiados con recursos del Estado, según la institución.
«Se plantearon las líneas base del modus operandi que consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo a los proyectos del Gobierno o de su concurrencia para garantizar quórum y deliberación», afirmó la fiscal Patiño al imputar cargos.
La Fiscalía sostuvo además que Bonilla y Velasco «se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública» y que la esquema delictivo tenía «vocación de permanencia», pues operó durante el tiempo en que ambos fueron ministros.
Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, cargo que ocupó entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció al ser involucrado en el escándalo de la UNGRD, el mayor entramado de corrupción que salpica al Gobierno de Petro.
Velasco, por su parte, fue ministro del Interior y se desempeñó como director encargado de la UNGRD durante un mes en 2023.
La imputación también recoge que Bonilla habría intervenido en la asignación de contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para favorecer a seis congresistas a cambio del apoyo a la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El origen del caso UNGRD
El proceso se remonta a las confesiones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, condenado a más de cinco años de prisión, quien aseguró que en 2023 se pagaron millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.
Ambos congresistas fueron capturados el pasado 7 de mayo y están bajo una investigación a cargo de la Corte Suprema por cohecho impropio y peculado.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, también dio información a la Fiscalía, mientras que la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, aportó pruebas clave que vinculan directamente al exministro Bonilla.
La UNGRD, encargada de coordinar la respuesta a emergencias y desastres, terminó en el centro del mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro, revelado por la prensa en febrero de 2024 y que ha ido escalando hasta alcanzar a altos funcionarios y legisladores.
EFE
