En una contundente respuesta institucional, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, anunció una serie de medidas para reforzar el control sobre la población penitenciaria extranjera. Esto, tras la polémica liberación del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario venezolano vinculado al Tren de Aragua, quien fue excarcelado el pasado 10 de julio tras un grave error de identificación y hoy se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional emitida por Interpol.
Por ICN Diario
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó este lunes para abordar el caso. En la instancia participaron el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. El objetivo: esclarecer los fallos del sistema que permitieron la liberación del imputado por el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Durante su exposición, el fiscal Valencia anunció una medida inédita: la revisión de todos los casos de personas privadas de libertad, con énfasis en aquellos de nacionalidad extranjera, para verificar que no existan registros duplicados, identidades falsas o errores administrativos que permitan vulnerar la justicia.
“No podemos permitir que individuos ingresen al sistema penitenciario con nombres falsos y luego logren evadir la justicia”, recalcó Valencia. “Si se cometió un error en este caso, eso es materia de investigación, pero nuestra labor es evitar que esto vuelva a ocurrir”.
El fiscal nacional calificó como “inciertos” varios detalles del proceso que terminó con la excarcelación del presunto sicario, y subrayó que toda responsabilidad penal o administrativa será determinada por las indagaciones en curso.
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