El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, pidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores por el supuesto intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este martes fuentes oficiales.
En sus alegatos finales, Gonet solicitó a la Corte Suprema condenar a los acusados por cinco delitos: «golpe de Estado«, «organización criminal armada«, «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho«, «daño cualificado por violencia grave o amenaza» y «deterioro de patrimonio protegido«.
Bolsonaro y el resto de imputados, entre los que se encuentran antiguos ministros de su gobierno (2019-2022) y militares de alto rango, se enfrentan a una posible pena que puede oscilar entre los 12 y los 40 años de prisión.
El fiscal general afirmó que hay «un amplio conjunto de pruebas», que incluye manuscritos, archivos digitales, intercambio de mensajes y planillas, que revelan «la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas».
Además, los interrogatorios realizados a lo largo de la causa evidenciaron la participación de los acusados en «una organización criminal» que buscó «impedir el funcionamiento de los poderes y derrocar un gobierno legítimamente electo, además de la destrucción de edificios públicos», indicó la Fiscalía en una nota.
Gonet vinculó así de manera directa a Bolsonaro y a los otros siete acusados con los graves episodios del 8 de enero de 2023.
La toma de los simpatizantes de Bolsonaro
Ese día, una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes de ultraderecha vandalizaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para forzar una intervención de las Fuerzas Armadas que apartase del poder al dirigente progresista.
Las personas en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso.
También destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes.
Fueron alrededor de cuatro horas y media durante las cuales los manifestantes bolsonaristas camparon con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos de ellos equipados con palos.
Ante los hechos, el fiscal general concluyó que los ochos acusados orquestaron acciones para garantizar su «permanencia autoritaria en el poder a través de tentativas de ruptura violenta del orden democrático».
El caso contra Bolsonaro y sus más estrechos colaboradores se tramita en la Primera Sala del Supremo, que ya cerró la fase de instrucción.
Presentados los alegatos finales de la Fiscalía, será el turno ahora de los imputados presentar sus posiciones al respecto.
Solo después el juicio entrará en su etapa final y quedará listo para sentencia, lo cual en el propio tribunal se prevé que puede ocurrir entre septiembre y octubre.
Además del juicio contra estos ocho acusados, apuntados como los líderes de la trama golpista, están pendientes de juicio otra treintena de sospechosos.
Otras acciones durante el proceso contra Bolsonaro
El 8 de febrero de 2024, un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, luego de que iniciara una operación policial contra militares y aliados políticos del líder ultraderechista.
Entre las 48 medidas cautelares ordenadas por el Supremo contra los investigados se incluyen, además de la aprehensión del pasaporte de Bolsonaro, la prohibición de mantener contacto con el resto de sospechosos; la imposibilidad de dejar el país y la suspensión de sus funciones públicas.
La Policía Federal cumplió 33 órdenes de allanamiento y 4 de prisión en varios estados brasileños dentro de este operativo que apunta directamente al exmandatario y a varios de sus más estrechos correligionarios, entre ellos militares de alta graduación.
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