Familias de migrantes venezolanos enfrentan una angustiosa incertidumbre tras la detención y traslado de sus seres queridos a la megacárcel en El Salvador, según informó NBC News.
Por Infobae
Desde el 15 de marzo, cerca de 240 hombres, incluidos solicitantes de asilo y migrantes con órdenes de deportación, fueron enviados a este centro penitenciario bajo acusaciones de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Una organización criminal designada como terrorista por el gobierno de los Estados Unidos.
La angustia de las familias quienes aseguran no saben nada de sus deportados
Sin embargo, familiares y abogados aseguran que muchos de ellos no tienen vínculos con dicha pandilla y denuncian la falta de pruebas y el incumplimiento del debido proceso.
De acuerdo con el medio NBC News, los detenidos permanecerán al menos un año en esta prisión, conocida por sus duras condiciones y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La madre de uno de los detenidos, Carmen Bonilla, expresó su desesperación al no tener noticias de su hijo, Andry Blanco Bonilla, desde su traslado.
Blanco Bonilla, de 40 años, vivía en Texas y estaba solicitando asilo cuando fue arrestado en febrero tras ser interrogado por sus tatuajes. Su familia asegura que no tiene antecedentes penales y que fue detenido injustamente. “No sé nada de lo que le pasa. No duermo. He bajado de peso”, declaró Bonilla desde Venezuela.
La estrategia del gobierno para hacer las deportaciones
El gobierno realizó las deportaciones masivas invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que permite medidas extraordinarias contra amenazas externas.
Según la proclamación del 15 de marzo, el Tren de Aragua fue señalado como una fuerza invasora que representaba un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, abogados y expertos han cuestionado esta medida, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes para vincular a los detenidos con la pandilla.
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