Familiares y abogados defensores de los comisarios y funcionarios de la Policía Metropolitana vinculados a los hechos del 11 de abril de 2002, denunciaron una nueva negativa de la Corte de Apelaciones del estado Aragua para otorgar el beneficio de amnistía.
Yajaira Castro de Forero, esposa del comisario Lázaro Forero expresó, durante una rueda de prensa, que la decisión constituye “una gran injusticia” contra los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, así como contra los funcionarios de la hoy extinta Policía Metropolitana Héctor Rovain, Luis Molina Cerrada, Erasmo Bolívar y Julio Rodríguez.
Señaló que, una vez más, se les niega una medida que les corresponde y recordó que ellos no fueron juzgados ni condenados por violaciones graves a los DDHH y menos por crímenes de lesa humanidad. “Fueron condenados injustamente y tras un juicio plagado de irregularidades por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y cómplices necesario”, recordó.
Sistema judicial como herramienta de persecución política
Durante la rueda de prensa que Castro ofreció junto a sus colegas, los abogados Carlos Aponte y Theresly Malavé, fue presentada una carta atribuida al exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Eladio Aponte Aponte, certificada en Costa Rica, en la que reconoce haber transmitido instrucciones para condenar a los comisarios y policías metropolitanos.
Para los familiares y abogados, este documento ratifica denuncias sostenidas durante años sobre el uso del sistema judicial como instrumento de persecución política.
Fórmulas alternativas de cumplimiento de pena
Asimismo, la defensa subrayó que varios de los funcionarios llevan 23 años privados de libertad, mientras que otros, aunque gozan de medidas humanitarias, continúan bajo severas restricciones y padeciendo graves problemas de salud.
En este sentido, aseguraron que, conforme a la ley, desde hace años les corresponderían fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre ellas destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional y confinamiento, beneficios que no les han sido aplicados.
Ley de Amnistía es “selectiva y excluyente”
La abogada Yajaira de Forero cuestionó además la forma en que se ha venido aplicando la amnistía, calificándola como una “medida selectiva y excluyente”, dejando muchos casos de presos políticos fuera de su beneficio sin una explicación jurídica consistente. También denunció que las decisiones judiciales se han escudado en argumentos generales sobre la paz y la democracia, sin responder de fondo a los planteamientos de la defensa.
En ese contexto, el abogado Carlos Aponte afirmó que la Ley de Amnistía debía representar no solo una oportunidad para las víctimas de procesos injustos, sino también para el propio Poder Judicial, que tenía la posibilidad de corregir abusos y contribuir a la reconciliación nacional. A su juicio, negar este beneficio bajo las actuales circunstancias significa “perder una oportunidad histórica de reparar una condena manipulada y avanzar hacia la justicia”.
En tanto, la abogada Theresly Malavé sostuvo que el caso de los comisarios y policías metropolitanos refleja el colapso del sistema judicial venezolano y la urgencia de una revisión profunda de sus estructuras.
Al respecto, señaló que el país “necesita rescatar con carácter de urgencia la Fiscalía, los tribunales y el sistema de administración de justicia, para impedir que sigan repitiéndose procesos construidos sobre expedientes viciados, pruebas manipuladas y decisiones dictadas por razones políticas”.
Libertad para los inocentes
Al cierre de la actividad, la hermana de Héctor Rovain ofreció uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Recordó que su hermano fue condenado injustamente en 2002, pese a que todos sabían de su inocencia, y lamentó el impacto devastador que esta situación ha tenido sobre toda la familia.
Relató que sus padres murieron sin ver justicia, que ella misma tiene años sin poder visitarlo por motivos de salud y distancia, y que el hijo de Rovain creció sin su padre. Su mensaje final fue un llamado directo a las autoridades a “poner la mano en el corazón” y otorgar la libertad a quienes considera inocentes.
Finalmente, los familiares y abogados reiteraron su exigencia de libertad plena para los funcionarios y para todos los presos políticos, así como la revisión integral del caso y del sistema de justicia venezolano. Insistieron en que no están pidiendo favores, sino el cumplimiento de la ley y el fin de una persecución que, aseguran, se ha prolongado injustamente durante más de dos décadas.