El ánimo de los familiares de los presos políticos no ha mermado a pesar de cumplir más de un mes de protesta activa por la libertad de sus seres queridos. Desde que comenzaron las excarcelaciones masivas de detenidos el 8 de enero, grupos de activistas y familiaresse han mantenido frente a las principales cárceles del país esperando para que este proceso no solo se cumpla, sino que abarque a la totalidad de presos políticos que hay en el país.
De acuerdo con la organización Foro Penal, se han podido verificar 431 excarcelaciones de presos políticos entre el 8 de enero y el 10 de febrero. Sin embargo, esta y otras organizaciones reportan que la cifra de personas que siguen encarceladas por motivos políticos oscila entre las 400 y 600, sin contar los nuevos casos que apenas se han revelado en las últimas semanas y no estaban en ningún registro previo.
Durante este proceso, la discusión de la ley de amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional en su primera discusión el 6 de febrero, ha despertado una nueva esperanza entre las familias de finalmente ver a sus seres queridos libres. De acuerdo con lo adelantado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la medida exonerará todos los casos judiciales abiertos desde 1999 hasta la actualidad.
Sin embargo, varios expertos en derecho y representantes de estas organizaciones han denunciado varias omisiones e irregularidades en el texto luego de que fuera publicado el 7 de febrero. Muchos esperan que estas puedan solventarse en la fase de consulta pública que realiza una comisión del Parlamento antes de su segunda discusión, y en la que han participado decanos de universidades, defensores de derechos humanos y los propios familiares.
¿Qué dicen las familias?
Evelis Cano es la vocera de los familiares que se mantienen en vigilia frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Boleíta, Caracas. A diferencia de otros centros de reclusión como El Helicoide o la cárcel de Tocorón, de sus calabozos no se han producido aún excarcelaciones considerables. Apenas el 27 de enero se les permitió ver a sus presos políticos por primera vez tras meses sin saber nada de ellos.
La noticia de la ley de amnistía generó una gran expectativa en Zona 7, aunque sus familiares aseguran que no piensan abandonar sus actividades de calle hasta que vean resultados tangibles. En entrevista para El Diario, Cano asegura que para ellos urge comenzar de inmediato con las excarcelaciones allí, sin importar el tiempo que tome en ser aprobada la ley.
“Nosotros tenemos fe, pero yo pienso que con ley de amnistía o sin ella, deberían ya estar siendo libres todos estos jóvenes y todas estas personas que se encuentran detenidos inocentemente, que además de eso tuvieron un tiempo secuestrados y haciendo las protestas correspondientes fue que se sacó a la luz que Zona 7 tenía presos políticos”, dijo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, visitó la Zona 7 el 6 de febrero y escuchó los testimonios de las familias allí, a pesar de que también denunciaron que personas ajenas a su campamento aparecieron delante de las cámaras asegurando ser familiares de presos políticos y apoyando el recorrido de Rodríguez. Más allá de eso, el parlamentario aseguró delante de ellas que entre el 10 y 13 de febrero todos los presos de ese centro de reclusión serían excarcelados.
Si bien esto emocionó en un principio a los presentes, con el paso de los días el anuncio de Rodríguez se ha convertido en duda. Para la noche del 10 de febrero, El Diario ha verificado que no se han registrado todavía excarcelaciones en Zona 7. Por su parte, Cano, quien no estaba presente cuando el hermano de la presidenta encargada los visitó, recibió aquellas palabras con cierta reserva.
“Su presencia aquí, señor Jorge Rodríguez, no era para que usted viniera a darnos una alegría de que vamos a esperar una semana más para que sean liberados nuestros presos. La alegría que usted pudo habernos dado a nosotros, si de verdad usted quiere una ley de amnistía y un perdón, el perdón se lo hubiésemos dado es si usted hubiera dicho que salgan todos los presos políticos de allí inmediatamente”, dijo Cano al periodista Seir Contreras esa misma tarde.
Libertad de expresión
El 8 de febrero, el dirigente político Juan Pablo Guanipa fue excarcelado y vuelto a detener esa misma noche tras participar en una caravana que visitó Zona 7 y El Helicoide para apoyar a los familiares de los presos políticos. Posteriormente se conoció que el Ministerio Público revocó su libertad condicional y las sustituyó por una medida de casa por cárcel, la cual empezó a cumplir el 10 de febrero desde su hogar en Maracaibo, estado Zulia.
Este caso fue para muchos abogados y activistas la evidencia de los límites que había en el proceso de excarcelaciones que adelanta el gobierno. De hecho, uno de los integrantes de la comisión parlamentaria para la ley de amnistía, Jorge Arreaza, justificó la medida asegurando que los detenidosdeben comprometerse a no repetir conductas que el gobierno considere que atentan contra la paz. “Todos debemos tener una actuación propia, de diálogo, de entendimiento, si todos nos comportamos vamos a estar bien”, dijo.
Cano no está de acuerdo con que se impongan condiciones a la libertad de los presos políticos excarcelados, sobre todo dentro de un proceso de amnistía que, se supone, deslinda a los beneficiados de toda la responsabilidad penal que hasta ese momento cargaban. En este sentido, expresó que los presos políticos tienen derecho a contar la verdad sobre sus condiciones carcelarias y las violaciones de derechos humanos que sufrieron durante su reclusión.
“No me parece que si liberan a un preso político, tenga que quedarse con una mordaza en la boca de no decir y de no explicar lo que él ha vivido, el trauma psicológico o el trauma o maltrato físico que haya recibido dentro del recinto carcelario donde se haya encontrado, y no pueda salir a la luz pública. Eso significa libertad de expresión en Venezuela, eso significa una ley de amnistía donde haya libertad de expresión. Eso es lo que realmente nos merecemos los venezolanos”, afirma.
Excluidos
No todos los familiares de presos políticos se mantienen tan optimistas con la ley. María Jiménez es la madre de Jonathan Carrillo, uno de los cinco periodistas que continúan detenidos de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). En entrevista para El Diario, asegura sentir “mucha duda e inseguridad” dentro de este proceso, sobre todo por la aparente exclusión de muchos casos que no están contemplados por la ley de amnistía.
Carrillo era tesista en la carrera de Comunicación Social y trabajaba en la Asamblea Nacional. Fue detenido el 20 de julio de 2022 y llevado a El Helicoide, aunque a mediados de 2025 lo trasladaron a la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. Es acusado por migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
Jiménez afirma que la abogada pública a la que le asignaron su caso le aseguró que su hijo no puede ser beneficiario de la ley de amnistía porque esta no acoge los delitos que le fueron imputados. “Yo no tengo cómo pagar un abogado privado que pueda revisar bien el caso de mi hijo, lamentablemente, tengo un abogado público y no es igual para la revisión de su caso”, comenta.
Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de ley de amnistía apenas señala como objeto de exoneración una lista de 10 casos específicos, que van desde los hechos del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero de ese año, hasta las protestas de 2014 y 2017, aunque acotadas en meses específicos de la represión. Igualmente, en su artículo 9, aclara que los tribunales competentes verificarán los supuestos de la ley de amnistía solo a solicitud del Ministerio Público o de las personas procesadas.
Sin voz
El caso de Carrillo apenas se conoció en enero de 2026, luego de que Jorge Rodríguez anunciara la excarcelación de “numerosos” presos políticos. Jiménez, quien debe viajar constantemente desde Ciudad Bolívar, indicó que no había denunciado antes el caso de su hijo por miedo, por lo que su nombre apenas ha comenzado a circular dentro de las listas del gremio periodístico y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Leyendo la acusación fiscal de mi hijo, pude notar allí que la Fiscalía se basa en puros comentarios, más no hay pruebas de ninguno de esos delitos. Todo lo contrario, pues, de la parte defensora, que sí tenemos pruebas de que esos delitos él no los cometió. En realidad, no entiendo por qué el Estado se ensañó tanto con él”, asegura.
A pesar de no contar con la ley de amnistía, Jiménez asegura que seguirá presionando para conseguir la libertad de Carillo, asistiendo a las convocatorias de grupos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y ante todas las instancias necesarias. “No voy a dejar de luchar como madre por la libertad de mi hijo y también por demostrar su inocencia. Es lo que toda madre en este caso haría”, afirma.
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