Cada vez que puede, Juan Caguaripano emprende el mismo viaje. A sus 80 años sale desde Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, y recorre cientos de kilómetros hasta la cárcel de El Rodeo I, en Miranda, donde permanece detenido su hijo, el capitán y preso político Juan Carlos Caguaripano.
No espera abrazos. Sabe que no los habrá. Los separa el vidrio del área de visitas. Padre e hijo hablan a través de un teléfono y separados a través de un cristal.
Irene Olazo, esposa del militar, cuenta que su suegro hace ese recorrido siempre que logra organizar el traslado. “Es su papá, un hombre mayor, quien viaja desde Puerto La Cruz para verlo detrás de un vidrio”, relata para El Diario desde Costa Rica, país donde vive exiliada junto a su hija.
El capitán Juan Carlos Caguaripano está detenido desde 2017 tras ser acusado de participar en la llamada Operación David Carabobo, un alzamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro con el asalto al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo.
El 19 de diciembre de 2025, nueve años después de su detención, un tribunal dictó sentencia en el caso. Según la organización no gubernamental Foro Penal, 23 personas vinculadas al asalto al Fuerte Paramacay fueron condenadas a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en la legislación venezolana por los delitos de rebelión y traición a la patria.
El tiempo transcurrido hasta esa decisión ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con la legislación venezolana, los procesos penales deben concluir con una sentencia en un plazo máximo de dos años.
El proceso también toma más relevancia en medio de la promulgación de la Ley de Amnistía que ha permitido la liberación de cientos de presos políticos. Sin embargo, la familia de Caguaripano sostiene que su expediente refleja otra realidad. Un tribunal negó la solicitud de sobreseimiento de la causa, lo que, a juicio de sus allegados, deja en evidencia que la medida no se aplica de forma plena.
A pesar de esto, Olazo mantiene la exigencia de justicia. En conversación con El Diario asegura que continuará la lucha para que se revise el caso y se respete el debido proceso. “Seguiremos insistiendo hasta verlo libre”, afirmó.
Piden un indulto presidencial
La negativa de un tribunal a cerrar el caso dejó a la familia del capitán con pocas opciones dentro del sistema judicial venezolano.
Ante ese escenario, Irene Olazo asegura que la esperanza se concentra ahora en una decisión política: un indulto presidencial que permita su liberación después de años de denuncias sobre irregularidades en su proceso judicial.
La esposa del militar sostiene que su esposo nunca participó en un golpe de Estado, pese a las acusaciones que pesan en su contra. A su juicio, el caso se construyó alrededor de una “narrativa política” que no corresponde con los hechos.
“Nosotros no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo que se cumpla la ley y que el caso sea amparado por la Ley de Amnistía”, dijo.
También explicó que un equipo de abogados apeló la decisión judicial con el objetivo de obtener la libertad plena de Caguaripano y de los demás implicados en el caso, quienes también se encuentran bajo medidas judiciales.
“Sabemos que con un indulto o una simple orden ellos pudieran salir de ahí. Recordemos que (Hugo) Chávez recibió un indulto después de cometer un golpe de Estado. Es solamente querer hacerlo, y si no lo han hecho hasta ahora es porque no han tenido la intención”, afirmó.
Para la familia, mantener abierto el proceso prolonga un sufrimiento que ya supera casi una década. “Es un caso que tiene demasiado tiempo y que ha causado un daño enorme a nosotros como sus allegados”, agregó.
Visitas limitadas y preocupación por su estado de salud
Las condiciones de reclusión del capitán también generan preocupación en su entorno familiar. Durante estos años, Caguaripano pasó por varios centros de detención, entre ellos la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la sede del Sebin en Plaza Venezuela y El Helicoide, antes de su traslado a El Rodeo I.
Olazo recuerda que durante ese periodo surgieron denuncias de tortura y tratos crueles contra él dentro de esos centros de reclusión. Señala que varios de los detenidos por el caso Paramacay denunciaron maltratos físicos, aislamiento prolongado y condiciones de reclusión que vulneraron sus derechos fundamentales.
La familia de Caguaripano siguió esas denuncias con preocupación desde el inicio de su detención. Cada traslado a un nuevo centro de reclusión generaba incertidumbre sobre su estado físico y emocional, en un contexto donde el acceso a información sobre los detenidos suele ser limitado.
La comunicación con él también es muy limitada. Olazo asegura que no tienen contacto telefónico y que las visitas resultan escasas y difíciles de concretar. La madre de Juan Carlos Caguaripano no puede acudir al penal debido a una delicada condición de salud.
Su padre intenta mantener el contacto siempre que puede viajar desde Puerto La Cruz, aunque ese esfuerzo implica recursos que muchas veces no están disponibles. “Es una persona mayor que también necesita compañía para poder recorrer la carretera”, explicó.
El trayecto tampoco resulta sencillo. El hombre conduce aproximadamente seis horas para llegar al centro penitenciario. Una vez en el penal, los custodios le cubren los ojos antes de llevarlo hasta el área donde puede ver a su hijo. Solo entonces ocurre la visita breve.
Desde el exterior, Irene y su hija intentan mantener la comunicación a través de cartas. Sin embargo, muchas de esas correspondencias pasan por controles antes de llegar a manos de Caguaripano.
“Tenemos dos años sin poder hablar con él. Nos permiten escribirle, pero muchas veces las cartas llegan con partes tachadas o con mensajes que nunca le entregan”, denunció.
A pesar de esas limitaciones, Olazo asegura que su esposo se mantiene firme y sigue fuerte en sus convicciones, aunque su apariencia refleja el paso de los años en prisión.
La familia ha notado una pérdida visible de peso y expresa preocupación por su estado de salud. Entre las afecciones que mencionan se encuentra un problema estomacal sobre el cual no reciben información médica. “No sabemos cómo ha avanzado ni si ha empeorado”, alertó.
La lucha desde el exilio: mantener viva la esperanza
Desde que dejó Venezuela, la vida de Irene Olazo en Costa Rica ha estado marcada por la reconstrucción y la resistencia.
“Al principio fue muy duro. Llegamos sin nada, mi hija de apenas cuatro años y yo. Tenía que aprender a sobrevivir en un país que no era el nuestro mientras mi esposo estaba detenido”, recuerda.
La incertidumbre del exilio se mezclaba con la preocupación constante por la situación de Caguaripano. Aun así, asegura que su prioridad siempre fue su hija, quien mantiene su pasión por la música.
Para reducir gastos, Irene camina varios kilómetros cada día para ahorrar dinero en transporte y poder ahorrar lo suficiente para comprarle un violonchelo a su hija, ya que el instrumento que utiliza actualmente es prestado.
“Estoy haciendo todo lo posible para que ella pueda seguir estudiando. Entre clases y presentaciones tratamos de mantener algo de normalidad, aunque nada es fácil”, contó.
Para sostener a su familia, Irene aprendió el oficio de peluquería canina. Ese trabajo le permite generar ingresos y mantener activa la lucha por la libertad de su esposo.
“Es agotador, pero sé que cada día de trabajo me ayuda a seguir adelante. No solo es mi hija. También está mi esposo, que sigue encerrado y necesita que alguien luche por él”, dijo.
La espera que une a muchas familias de presos políticos en Venezuela
Para Irene Olazo, la lucha por la libertad de su esposo ya no se limita a su historia personal.
“No es solo por Juan Carlos. Es por todos los presos políticos que siguen en Venezuela, por sus familias, por quienes no tienen voz y están allá dentro sin que nadie los vea”, afirmó.
Las cifras más recientes de Foro Penal indican que, aunque miles de personas han sido excarceladas en los últimos meses, 508 presos políticos, 179 de ellos militares, permanecen detenidos en el país, de acuerdo con un balance publicado el 12 de marzo de 2026. .
La mujer comenta que cada nombre de esa lista representa una historia similar a la suya. “Cada uno de ellos tiene una familia, un rostro, una historia que merece ser escuchada”, dijo. También reconoce que el reencuentro con su esposo aún tendrá que esperar.
“Yo no voy a estar ahí en el momento en que lo liberen, pero eso no detiene mi lucha. No es solo por nosotros, es por todos los que siguen encerrados injustamente”, afirmó.
Mientras tanto, en Venezuela, el padre del capitán sigue haciendo ese viaje desde Puerto La Cruz para ver a su hijo detrás de un vidrio. La espera no se limita a su familia debido a que, asegura, cientos de hogares en el país viven la misma separación por motivos políticos. Esta realidad convierte cada encuentro en un acto de resistencia y de esperanza.
Por eso, Irene y su hija mantienen la mirada puesta en ese momento que todavía no llega. Saben que la libertad de Juan Carlos será también un abrazo colectivo, la señal de que las injusticias pueden revertirse y que cada familia separada algún día podrá reconstruir lo que la prisión arrebató.
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