La experta en derecho constitucional y profesora de la Universidad Metropolitana, Catherina Gallardo, aseguró que la nueva Ley de Aceleración de Trámites depende de la voluntad política de cada ente público.
Por Unión Radio
Según la jurista, el Estado debe facilitar los caminos administrativos para que el empresario enfoque sus recursos en la sustancia económica de su negocio.
La seguridad jurídica se percibe cuando disminuye la intervención estatal y las formalidades innecesarias. «Mientras más formalidad innecesarias establezcas menos seguridades jurídicas vas a tener», afirmó Gallardo en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos.
Para la abogada, la meta de esta normativa es que la interrelación entre el sector privado y el poder público se limite a lo básico: permisos esenciales y retribución tributaria.
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