Francisco José García, liniero de medición de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), tenía 58 años cuando la muerte lo alcanzó a las 7:00 de la noche del pasado viernes 13 de marzo, en una camilla del Hospital Dr. Ángel Larralde, conocido como Hospital Carabobo.
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Permaneció allí durante una semana y media tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Requería 16 mil dólares para cubrir los gastos de la cirugía, pero con un salario inferior a un dólar mensual, el monto era inalcanzable.
La única esperanza reposaba en manos del patrono; sin embargo, pese a las súplicas, no hubo respuesta.
“Él fue fuerte, resistió nueve días esperando una operación de urgencia, pero en la empresa se hicieron los locos y no aprobaron nada. Prácticamente lo olvidaron”, comentó Nilson Jiménez, compañero de Francisco José, durante una concentración de trabajadores frente a la Torre 4 de la Av. Cedeño de Valencia, sede principal de la corporación.
Jiménez explicó que el día del incidente, una cuadrilla pasó buscando a García para resolver una falla. Al no obtener respuesta, llamaron a su casa y, al ingresar, lo encontraron en estado grave. “Tenía la tensión en 240. Sufrió un derrame cerebral”, relató.
¿Quién será el próximo?
La pérdida de García no solo ha dejado luto e indignación entre sus colegas, sino una profunda sensación de inseguridad y abandono.
“Aquí el Estado tiene dinero para otras cosas, pero no para salvarle la vida a un trabajador que tenía más de 20 años en la empresa. Estamos cansados, necesitamos que se tomen medidas porque no sabemos qué compañero será el próximo”, advirtió Jiménez.
Richard Suisbel, dirigente sindical de los trabajadores eléctricos en Carabobo, comparte el temor del gremio. Para él, esta tragedia no puede repetirse.
“No es posible que nuestros compañeros estén muriendo. Un trabajador que se enferma o se accidenta cumpliendo su deber merece recibir atención inmediata por parte de la empresa”, reclamó.
Suisbel recordó que, anteriormente, contaban con un sistema de salud y un seguro médico óptimo, pero entre la hiperinflación y los bajos salarios, el beneficio se pulverizó. Además, denunció la falta de equipos e implementos de seguridad necesarios para las jornadas laborales.
“Pedimos una dotación completa y lo que nos dieron fue una camisa y un pantalón. Ni siquiera entregaron botas de seguridad. Aquí no se trabaja con agua; somos trabajadores de alto riesgo”, criticó el dirigente.
Finalmente, elevó la solicitud a las autoridades nacionales para que tomen cartas en el asunto. “El llamado es al ministro Eduardo Piñate para que considere este petitorio y sepa que aquí hay gente que necesita ser atendida con urgencia”, puntualizó.
EFE
