El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción, elaborado junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del que forman parte quince medidas, entre ellas la creación de una agencia de integridad pública independiente.
Por larazon.es
Este plan se ha preparado durante el último mes, y además de trabajar con la OCDE, incorpora algunas de las propuestas que han ido planteando diversos grupos parlamentarios, como la relativa a la agencia de integridad pública planteada por Sumar. Según explicó el líder del Ejecutivo en el Congreso, el Plan se divide en cinco ejes:
Controles frente a la corrupción
Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
Se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.
Exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
La nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos (Obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes, profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción y aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés).
Protección a los denunciantes
Incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.
Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción
Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.
Continuar con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
Puesta en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
Dentro de los partidos, endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
Recuperación de bienes robados
Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea.
Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
Cultura de integridad
Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
Sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.
