Luego de que la Asamblea Nacional (AN) difundió el borrador del proyecto de la ley de amnistía en Venezuela, que plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, algunos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) advirtieron “omisiones” presentes en la legislación.
El Parlamento publicó el proyecto de ley un día después de que lo aprobara en la primera de las dos discusiones previstas para la creación de normativas en el país, luego también de que diversas organizaciones no gubernamentales insistieron en su divulgación.
¿Qué dice el borrador del proyecto de la Ley de Amnistía?
Con un total de 13 artículos, el borrador de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene como objetivo conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de este año.
Están excluidos los casos de violaciones graves a los derechos humanos (DD HH), delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público.
El borrador establece que el tribunal competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo.
Asimismo, dice el texto que el tribunal dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal y de las medidas alternativas a la privación de libertad. También establece que se darán por finalizadas las investigaciones y se eliminarán registros y antecedentes de los presos políticos.
Omisiones detectadas en el texto
– Alcance temporal y episodios de exclusión
La exdiputada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, advirtió que el proyecto es “incompleto y peligroso”.
Señaló que la propuesta consta de 13 artículos y limita de manera estricta su aplicación a 10 episodios específicos de la historia reciente, vinculados a hechos calificados como violencia política, lo que deja por fuera a numerosos presos políticos y situaciones de persecución.
Solórzano detalló que el artículo 6 del proyecto circunscribe la amnistía a hechos ocurridos entre 2002 y 2024, entre ellos el denominado golpe de Estado de abril de 2002, el paro cívico y petrolero de 2002-2003, las protestas de 2004, 2007, 2014, 2017 y 2019, así como episodios de violencia vinculados a las elecciones presidenciales de 2013 y 2024.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) alertó de omisiones graves como la exclusión de amplios grupos de presos políticos civiles y militares o de periodos de significación histórica que no forman parte de las coyunturas cubiertas por la ley.
– Tratamiento de tipos penales y el caso de delitos comunes
El borrador establece que estarán excluidos los casos de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público.
Ante esto, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió en X que en estos casos sería mejor eliminar la exclusión expresa de estos tipos penales o abrir la puerta a la consideración de que en algunos casos la imputación de ciertos delitos no se basó en la verdad ni en criterios jurídicos válidos, sino en valoraciones netamente políticas.
Como ejemplo de esta omisión, Himiob resaltó que la jueza María Lourdes Afiuni fue condenada arbitrariamente por corrupción, en un juicio que considera fue político, por lo que cuestionó si en ese caso quedaría excluida de la amnistía.
Este planteamiento es reforzado por Delsa Solórzano, quien alertó que el texto excluye expresamente a personas condenadas bajo la Ley Simón Bolívar, la Ley Contra el Odio y otras normas que calificó como instrumentos de represión, además de causas tramitadas en jurisdicción militar.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, aprobada en noviembre de 2024, busca castigar con penas de 25 a 30 años de prisión e inhabilitaciones políticas a quienes apoyen o promuevan sanciones internacionales contra el gobierno.
Mientras que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, tiene como objetivo principal prevenir y sancionar los mensajes que consideren promueven la guerra, el odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza.
-El derecho de las víctimas y la admisión de hechos
Con respecto a la participación y los derechos de los afectados, Himiob subrayó que las amnistías son para las víctimas, por lo que deben tener el derecho esté o no en el país, de recibir el beneficio sin admisión de hechos punibles.
“En ningún caso se debe siquiera sugerir que la solicitud de amnistía implica el reconocimiento, admisión o aceptación de que se ha cometido un delito o cualquier ilícito. Si alguien se ha visto forzado a admitir los hechos con anterioridad eso no tiene ninguna relevancia”, indicó el director de Foro Penal en su cuenta de X.
Himiob también insistió en que el seguimiento y la verificación del cabal cumplimiento de la ley de amnistía no puede quedar solo en manos del Poder Ejecutivo. Debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG, así como organismos internacionales de protección a los DD HH.
– La vigencia del marco legal represivo
Otra de las críticas que políticos y ONG han hecho al proyecto, es que no garantiza la no repetición al mantener leyes persecutorias.
La Plataforma Unitaria señaló que el proyecto no deroga legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideró, forman parte del marco legal represivo.
Himiob coincidió al afirmar que para respetar la garantía de la no repetición, la amnistía debe derogar varias leyes que han sido utilizadas de manera continua como herramientas de persecución, y revisar cualquier norma penal que deba adecuarse a los estándares internacionales de respeto a los DD HH.
En ese caso, Solórzano también advirtió que el proyecto no deroga el marco legal represivo vigente, lo que afirmó deja abierta la posibilidad de nuevas detenciones por razones políticas incluso después de una eventual aplicación de la amnistía.
– Discrecionalidad y control del sistema de justicia
El borrador establece que el tribunal competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de los procesos o la revisión de sentencias firmes.
En este punto, la PUD calificó de preocupante que la aplicación de la amnistía quede bajo la responsabilidad del Ministerio Público y el sistema de justicia actual debido a que consideran que estos han sido instrumentos de la persecución política.
“No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, señaló la PUD en un comunicado a través de sus redes sociales.
Asimismo, Solórzano alertó que la amnistía no sería automática, ya que su aplicación debe ser solicitada y queda sujeta a verificación judicial, manteniendo márgenes de discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución política.
– Inhabilitaciones, exiliados y reparación integral
Himiob, Solórzano y la PUD coincidieron en denunciar que la ley ignora las medidas administrativas contra dirigentes perseguidos en Venezuela así como la seguridad de aquellos que se encuentran fuera del país.
La Plataforma Unitaria agregó que el texto no garantiza el retorno seguro de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores.
Solórzano sostuvo que el proyecto no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas, por lo que lo consideró insuficiente para avanzar hacia una solución integral que asegure justicia, reconciliación y garantías de no repetición.
Por ello, la dirigente exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno del orden constitucional como condiciones indispensables.
Mientras que la PUD insistió en que una amnistía “incompleta o condicionada” no se puede considerar como verdadera.
“El seguimiento y la verificación del cabal cumplimiento de la Ley de Amnistía no puede quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo. Debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG y organismos internacionales de protección a los DDHH”, sentenció Himiob.
Postura del gobierno
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria especial para el proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela, afirmó el 6 de febrero que la propuesta es clara y amplia.
En declaraciones a la prensa, desde el Palacio Federal Legislativo, Arreaza afirmó que el proyecto está sujeto a la disposición constitucional de la amnistía general. En este sentido, descartó por el momento la derogación de otras leyes, como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar.
“Hay otras vías, hay otras leyes, hay otros momentos, y hay alternativas para atender, incluso, casos que no estén contemplados específicamente en los hechos que va a reflejar esta ley, que será aprobada muy pronto”, dijo.
Agregó que esos temas podrán ser abordados en el proceso de diálogo y reuniones para la consulta pública de la legislación, que incluye encuentros con las instituciones del poder judicial, así como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Arreaza insistió en que escucharán a juristas, académicos, a familiares de presos políticos y a la población civil.
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