Como propietario de un negocio en la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, Wilmer Escaray se siente estresado y en estado de shock. No está seguro de qué pasos debe seguir después de que la Corte Suprema permitiera al presidente estadounidense Donald Trump despojar de protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes venezolanos.
Escaray posee 15 restaurantes y tres mercados, la mayoría de ellos ubicados en Doral, una ciudad del estado de Florida que cuenta con 80.000 habitantes y es conocida como «Pequeña Venezuela» o «Doralzuela». Al menos el 70% de los 150 empleados de Escaray y muchos de sus clientes son inmigrantes venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El lunes, la Corte Suprema retiró la decisión de un juez federal que había pausado los planes del gobierno para retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, que podrían quedar expuestos a la deportación.
Doralzuela, una ciudad rodeada por la expansión de Miami, autopistas y los Everglades de Florida, está asimilando la decisión del máximo tribunal estadounidense. Al igual que muchos propietarios de negocios con empleados venezolanos, Escaray no tiene claro cuál será su siguiente paso. No sabe cuánto tiempo sus empleados tendrán autorización legal para trabajar o si podrá ayudarlos, expresó.
“El impacto para el negocio será realmente duro”, manifestó Escaray, un venezolano-estadounidense de 37 años que llegó a Estados Unidos a estudiar en 2007 y abrió su primer restaurante seis años después. «Todavía no sé qué voy a hacer. Tengo que discutir con mi equipo, con mi familia para ver cuál será el plan».
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