Por lapatilla.com
Desde los tiempos de Hugo Chávez, ejercer el periodismo en Venezuela ha significado un riesgo por los ataques y señalamientos contra los profesionales de la comunicación, cuya labor es interpretada por el gobierno como un agravio. A partir de la asunción de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, la situación se ha tornado mucho más hostil para los periodistas. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra los trabajadores de la prensa independiente no han cesado, convirtiéndose esta profesión de alto riesgo.
Luego de los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, muchos ciudadanos expresaron su malestar protestando en las calles. Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en un informe que al menos ocho periodistas fueron detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, enfrentando acusaciones de “terrorismo” e “instigación al odio”. Aunque algunos periodistas fueron excarcelados en diciembre del año pasado, la puerta giratoria del régimen chavista no se detuvo, y en un periodo de cinco meses, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha contabilizado 11 detenciones arbitrarias.
Para la secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, la situación que viven los periodistas venezolanos es cada vez más crítica, ya que, a su juicio, la criminalización del ejercicio periodístico es más que evidente, a pesar de ser un derecho establecido en la Constitución. Pero no solo se trata de la judicialización contra los periodistas, sino cómo esta situación afecta a la ciudadanía, pues se vulnera su derecho a recibir información oportuna y veraz, lo que también está establecido en la Carta Magna.
“La libertad de expresión y la libertad de opinión son derechos que están criminalizados en este momento en Venezuela y tienen que ver con el ejercicio libre del periodismo. Hay que destacar que si los periodistas no pueden ejercer libremente y se les niega información si no pueden opinar, si no pueden recabar información, darle cobertura a las protestas, a las distintas opiniones y las distintas voces que existen en un país, no se puede hablar de verdadera democracia”, asegura Canelón.
Detenciones arbitrarias
La gremialista se refirió a los arrestos arbitrarios que han sufrido algunos comunicadores sociales y mencionó casos como el de Gabriel González y Carlos Julio Rojas, detenidos antes de las elecciones, y que fueron víctimas de desaparición forzada. Igual ocurrió con Nakari Ramos y su esposo, que en un principio no tuvieron comunicación con sus familiares y fue después de un tiempo que se conoció que habían sido detenidos.
En el caso de Ramos, sigue detenida y el Tribunal 1° de Control del Área Metropolitana de Caracas, ordenó privativa de libertad y pase a juicio. Las condiciones de su encarcelamiento son terribles, pues no tienen acceso a las visitas de sus familiares: ellos solamente pueden verla cuando le llevan ropa y artículos personales.
En el caso de Gabriel González y Carlos Julio Rojas también han ocurrido irregularidades en el proceso judicial, pues aunque son asistidos por abogados privados, el tribunal impidió la juramentación de estos y les impuso defensores públicos.
Al ser consultada acerca de las acciones que ha tomado el CNP en defensa de los periodistas detenidos, Canelón es enérgica al afirmar que siguen denunciando públicamente, haciendo presión para ver si alguien del Gobierno “se le ablanda el corazón”, ya que asegura que en el país no existen instituciones que actúen ante estas denuncias. Por tal razón, han acudido a algunas instancias internacionales para denunciar y sustanciar las violaciones a los derechos humanos de los periodistas, tales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Hay algunos de los casos que están siendo documentados en estas instituciones y también ante Amnistía Internacional, y entre la comunidad de países y la Unión Europea. Todo lo que se haga para visibilizar estas violaciones a los derechos humanos, todo suma”, asegura la secretaria general del CNP.
Desaparición forzada
Uno de los casos más preocupantes de las detenciones realizadas a comunicadores sociales, ha sido el de Rory Branker, editor del portal La Patilla, quien desde el pasado 20 de febrero permanece bajo desaparición forzada, y a pesar de reiterados llamados a voceros del chavismo para conocer su paradero, lo único que se sabe hasta ahora es que se encuentra bajo custodia de las autoridades, según lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen chavista, Diosdado Cabello, en su programa televisivo “Con el mazo dando”.
La madre del comunicador, Cheryl Ann Branker, ha difundido varios pronunciamientos en los que manifiesta la angustia e incertidumbre que padece al no saber nada de su hijo desde hace más de 120 días.
“Es un caso en el que no sabemos mayor cosa, más allá de lo que se ha señalado. No se sabe nada de su paradero. Presumimos que a donde llevan a los periodistas y personas que son de interés para el Gobierno, son organismos como la sede de la policía en Maripérez, como la Dgcim, o el Sebin”, expresa Del Valle Canelón.
Organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa se han manifestado su profunda preocupación por la desaparición forzada de Branker, lo que constituye otra evidencia de la represión a la libertad de prensa en Venezuela.
Incluso, el senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott, se manifestó exigiendo la liberación de Rory, calificando su detención como un “secuestro por el narco régimen ilegítimo de Maduro”, que constituye una acción del Gobierno por silenciar a cualquiera que se atreva a hablar en su contra.
Cifras alarmantes de periodistas detenidos
Desde 2002, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) ha registrado ataques contra periodistas, pero en 2024, tras las elecciones del 28 de julio, se reporta un récord alarmante de 19 comunicadores sociales detenidos. Algunos combinan su labor periodística con activismo político, aunque esto no es ilegal. Tres fueron detenidos como oficiales de prensa de la oposición, y otros, como Roland Carreño, por su vinculación a partidos como Voluntad Popular.
El año pasado, seis periodistas fueron capturados por los cuerpos represivos del régimen debido a su labor informativa, específicamente en las coberturas de protestas y sucesos sensibles. Los patrones incluyen desapariciones forzadas iniciales, detenciones arbitrarias sin información sobre causas o juicios, falta de acceso a defensa privada y contacto familiar, y cargos recurrentes como incitación al odio, violencia y otros delitos contemplados en la Ley contra el Odio, similares a los aplicados a activistas y ciudadanos comunes, así lo explica Marianela Balbi, directora ejecutiva de Ipys Venezuela.
Al consultarle acerca de las acciones legales que utiliza el chavismo contra los periodistas independientes y cómo afecta eso a la libertad de prensa, Balbi es enfática al afirmar que el régimen de Maduro emplea hostigamiento judicial contra periodistas, especialmente de investigación, mediante la apertura de causas legales, como el caso emblemático de Roberto Deniz del portal Armando Info. Esto genera inhibición en las coberturas, particularmente de protestas y temas sensibles, limitando la información a la agenda oficial.
Desde 2024, tras las elecciones, se intensificaron la persecución, la retención de equipos, la vigilancia de celulares y las amenazas, provocando desplazamientos de periodistas dentro y fuera de Venezuela. También existe temor por anulación de pasaportes y listas de detención. Como respuesta, los profesionales de la comunicación evitan firmar sus notas, protegen fuentes (lo que afecta la credibilidad) y forman alianzas para amplificar las noticias y reportajes de portales digitales bloqueados, usando avatares de inteligencia artificial (como «la chama» y «el pana») para proteger su identidad de los periodistas. También buscan aliados internacionales para difundir informaciones, contrarrestando la censura y aumentando la cobertura.
Estigmatizar a los periodistas
El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo el modelo de Hugo Chávez, ha implementado un brutal control comunicacional con el propósito de eliminar el ecosistema de medios independientes en Venezuela. Esto incluye el cierre de más de 400 periódicos, principalmente regionales, el cese de operaciones de más de 200 emisoras de radio, televisoras nacionales y la censura de canales internacionales, asevera Balbi al ser consultada sobre cómo el chavismo usa medios de propaganda y campañas de estigmatización contra los periodistas.
La directora de Ipys Venezuela añade que el objetivo es restringir la libertad de expresión, dejando solo medios públicos controlados por el Estado. Además, se ha desarrollado una sofisticada estrategia de desinformación y propaganda, aprovechando redes sociales y una estructura piramidal que involucra a “influencers”, Fuerzas Armadas y recursos públicos para difundir mensajes manipulados. Esto se enmarca como parte de una «guerra asimétrica».
Los medios independientes enfrentan una lucha desigual, con bloqueos, ataques a sitios web, encarcelamiento de periodistas y acusaciones de ser agentes extranjeros, lo que mina su credibilidad y limita su capacidad de ofrecer información plural y verificada, precisa Balbi.
En Ipys Venezuela se monitorea rigurosamente las violaciones a la libertad de prensa en 20 de los 23 estados del país, documentando la situación de los periodistas y los medios. Su estudio «Atlas del Silencio» revela que más de 7 millones de venezolanos viven en «desiertos informativos» en 355 municipios, sin acceso a información local. Se calcula que unos 14 millones de ciudadanos están subinformados, expuestos a desinformación y propaganda.
Para contrarrestar esto, Ipys Venezuela forma periodistas, impulsa iniciativas locales para recuperar espacios informativos y promueve proyectos como Radiodemocracia, que fomenta la producción de podcasts. También apoya el periodismo de investigación para garantizar calidad y fiscalización de la gestión pública.
Su enfoque combina calidad periodística, formación y seguridad para enfrentar las amenazas a la libertad de expresión, abogando por eliminar leyes restrictivas y restablecer un sistema de medios plural, desde lo local hasta lo nacional, que incluya nuevas tecnologías y redes sociales, procurando un entorno seguro para los periodistas y una democracia con plena libertad de prensa.
Entre los últimos en libertad de prensa
El nuevo informe de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que anualmente publica Reporteros Sin Fronteras, vuelve a ubicar a Venezuela entre los últimos países en este ranking, es decir, en el puesto 160 de 180 naciones analizadas por esta organización.
En América, nuestro país solo es superado por Nicaragua, que ocupa el puesto 172. El régimen de Daniel Ortega ha erradicado los medios independientes, retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a centenares al exilio. Mientras, Venezuela se mantiene como uno de los países con peores resultados de la región, entre la censura generalizada y las persecuciones judiciales.
Organizaciones como el CNP, Ipys Venezuela, Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), continúan dando apoyo a los familiares de los periodistas injustamente detenidos, denunciando las arbitrariedades a las que son sometidos, para visibilizar cada uno de los casos. Estas encarcelaciones han sido denunciadas ante organismos internacionales que defienden la libertad de prensa, así como en instancias defensoras de los derechos humanos.
Mientras Venezuela languidece en los últimos puestos de la libertad de prensa mundial, la lucha de estos profesionales por un periodismo libre y plural sigue siendo un faro de esperanza para la democracia y los derechos humanos en el país.
En un entorno donde la libertad de prensa se encuentra bajo asedio, los periodistas venezolanos persisten en su labor a pesar de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la constante amenaza del régimen. Su valentía para informar, a pesar de los riesgos, es un testimonio de su compromiso con la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
