En el contexto de las políticas de seguridad y control implementadas en Estados Unidos durante los últimos años, el funcionamiento de los aeropuertos ha estado bajo constante revisión. Estas infraestructuras son consideradas puntos estratégicos para la movilidad nacional e internacional, así como para la protección del territorio.
Por Semana
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el país reforzó de manera significativa los protocolos de seguridad aérea. Como parte de esa respuesta, se creó la Transportation Security Administration (TSA), encargada de supervisar los controles en la mayoría de los aeropuertos del país.
Sin embargo, esta entidad ha atravesado por una fuerte crisis en los últimos meses, lo que ha orillado al gobierno norteamericano a no pagar salarios por más de un mes (deuda que ya quedó subsanada) o utilizar agentes del ICE en aeropuertos para cumplir con esas tareas.
En este escenario, el presidente Donald Trump propuso avanzar hacia una privatización parcial de los controles de seguridad aeroportuaria. La iniciativa, incluida en el presupuesto de la Casa Blanca, busca introducir cambios en el modelo actual mediante la participación de empresas privadas en estas funciones.
Según la propuesta, se plantea un recorte de 52 millones de dólares en la financiación de la TSA, junto con la posibilidad de que aeropuertos, especialmente los más pequeños, sustituyan a los agentes federales por inspectores de seguridad privados. Estos costos, de acuerdo con el plan, serían asumidos por la propia agencia.
En las últimas semanas, las empresas privadas pudieron evitar las ausencias masivas con las que lidiaban algunos aeropuertos que emplean personal de la TSA, cuyos empleados pasaron por la crisis anteriormente señalada.
“Estos 20 aeropuertos desconocen por completo el cierre del Gobierno”, declaró en marzo Sheldon Jacobson, profesor fundador de informática en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en entrevista con la CNN.
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