Las esperanzas de una transición política en Venezuela, radical y absoluta, han sido reemplazadas por la incertidumbre de una cohabitación entre el oficialismo chavista y las fuerzas del movimiento MAGA (Make America Great Again), aunque con ciertos resultados en el consumo, el abastecimiento y los precios. La semana pasada, Estados Unidos desmontó parte del esquema de sanciones que impedían que petroleras como la británica Shell o la española Repsol puedan operar en las vastas reservas del país, al tiempo que la estadounidense Chevron se prepara para duplicar su producción.
Por Eyanir Chinea | EL PAÍS
Este prospecto de una reapertura petrolera acelera los destellos de optimismo sobre la normalización de las golpeadas finanzas del país, algo que llegará a cuentagotas más que en vendaval, y que dependerá de los flujos de la venta petrolera controlados por la Administración de Donald Trump.
“Estados Unidos va a controlar una buena parte del flujo petrolero. Estamos estimando un máximo del 70% de los recursos. Y van a ser muy incisivos sobre adónde van esos flujos, sobre cómo entren en la dinámica de la economía”, dice Asdrúbal Oliveros, un consultor empresarial con amplias conexiones en el ecosistema venezolano. “Como punto positivo, es probable que veamos menor discrecionalidad en la asignación de las divisas”, agrega el economista, con base en Caracas.
Este nuevo esquema cambiario funcionará de forma similar al mecanismo que estuvo vigente hasta el año pasado con la petrolera Chevron: una dolarización solapada de la economía, en la que el Gobierno permitió que parte de los petrodólares de la estadounidense fueran vendidos al sistema bancario y luego subastados a importadores de bienes prioritarios privados. El mecanismo se estrenó a finales de enero con la venta de 300 millones de dólares.
En medio de estos primeros signos de recuperación, será necesaria una reforma amplia y constructiva del andamiaje jurídico e institucional del país, además de ingentes recursos y una considerable voluntad política y corporativa para revertir trabas tributarias, laborales y legales que elevan el riesgo de expropiaciones, controles de precios y, en general, un férreo control gubernamental.
El sector petrolero tiene el potencial de arrastrar al resto de la economía. Al menos un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país proviene de sus ingresos petroleros y más del 80% de las divisas procede de la exportación de crudo, según cálculos de analistas. Además, es el sector con mayor potencial recaudatorio, incluso si Caracas —con la orientación de Estados Unidos— modifica los contratos petroleros que hoy favorecen a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Aunque está en el centro de la estrategia cambiaria, el sector bancario venezolano es bastante reducido con respecto a sus pares en Latinoamérica. Ante un contexto de inflación de tres dígitos y tasas de interés congeladas, han perdido su papel de intermediarios financieros. Es decir, la colocación de crédito es virtualmente inexistente y su actividad se concentra en funciones operativas, como la dispersión de nóminas y el procesamiento de pagos.
En este ámbito, también es crucial el levantamiento de sanciones financieras por parte de Estados Unidos, lo que permitiría la reinstalación de bancos corresponsales en Venezuela y la reconexión entre el sistema financiero local y el global.
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