El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará, de momento en secreto, el rescate público de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros en 2020. El magistrado asume la investigación al confirmar que, como consideró la magistrada del Juzgado 15 de Madrid, es competencia de la Audiencia Nacional y no de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Por abc.es
La causa debería haber recaído en el magistrado del caso Koldo, Ismael Moreno, que se ha abstenido, igual que hizo ya en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió que el rescate se investigara en la Audiencia Nacional y se rechazó la competencia, enviándola a los Juzgados de Madrid. La Sala de lo Penal confirmó su decisión. Ismael Moreno entendió hace dos años que los hechos presuntamente delictivos se habían cometido íntegramente en el extranjero y por eso no debía investigarlos.
Ahora, la causa vuelve muy avanzada a la Audiencia Nacional, con registros y detenciones practicadas en diciembre por parte de la Policía, entre ellas la del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y el CEO, Roberto Roselli, que fueron puestos en libertad pero continúan investigados y con medidas cautelares.
En la investigación también se aborda, según pudo saber ABC, si los trabajos de asesoría realizados por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para Julio Martínez Martínez a través de su compañía Análisis Relevante tuvieron algo que ver con el rescate público de la aerolínea con capital venezolano o, por el contrario y como sostiene él, fueron «asesoría global» independiente de la operación.
La Fiscalía Anticorrupción acudió, después de rechazar la Audiencia Nacional su competencia en 2024, al juzgado que en su momento abrió una investigación, que acabó archivada, sobre el rescate de Plus Ultra, según le instó la Sala de lo Penal.
Les llevó a insistir en investigar el caso un aviso internacional de presunto blanqueo de dinero procedente de la corrupción en Venezuela en distintas operaciones en Europa. Llegó a través de la Fiscalía de Ginebra (Suiza) y la institución judicial francesa contra la corrupción Parquet National Financier (PNF).
En la denuncia inicial de la Fiscalía se expuso que Plus Ultra habría hecho un uso indebido de las ayudas públicas españolas, en concreto de parte de los 53 millones de euros del rescate, al figurar esa sociedad como «firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro».
«Esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», aclaraba, para luego sumar a esto que varios de los implicados, en ocasiones a través de sociedades mercantiles, recibieron cantidades de dinero procedentes del extranjero para adquirir inmuebles, así como para la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra que fueron íntegramente reembolsados.
En la denuncia de Anticorrupción, además, se hacía referencia a la «venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los citados préstamos -a Plus Ultra-; a la remisión por parte de la misma sociedad a otra empresa en una cuenta en Panamá; a que algunos de los clientes de esta red supuestamente dedicada al blanqueo de capitales tienen antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país y a que para la actividad de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo».
