Para que haya una deportación, se necesitan al menos dos países: uno para enviar a los deportados y otro para recibirlos. Normalmente, el país receptor acepta readmitir a sus propios ciudadanos; sin embargo, el gobierno de Donald Trump está ideando otras opciones.
Estados Unidos ha enviado a cientos de deportados, de los que la mayoría parecen ser venezolanos, a El Salvador, donde están recluidos en una prisión de máxima seguridad famosa por su brutalidad. Estados Unidos ha enviado a migrantes de Asia, Medio Oriente y África a Panamá y Costa Rica, incluyendo a familias con niños pequeños.
El gobierno de Trump también está iniciando conversaciones con el gobierno de Ruanda para enviar deportados a este país de África central, y este mes Estados Unidos hizo planes para enviar migrantes laosianos, vietnamitas y filipinos a Libia, antes de echarse atrás debido a una orden judicial. (Representantes de los gobiernos enfrentados de Libia han negado haber llegado a ningún acuerdo para aceptar deportados de Estados Unidos).
La ampliación del programa de deportación a terceros países del gobierno de Trump parece tener dos objetivos al servicio de su meta general de expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos, incluyendo tanto los migrantes indocumentados como los que tienen estatus legal pero son considerados indeseables por el gobierno.
El primero parece en gran medida táctico: crea un proceso para expulsar a los migrantes cuyos países de origen no los quieren de vuelta. Venezuela, por ejemplo, solo acepta esporádicamente vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos.
El segundo objetivo, al parecer, es estratégico: convencer a los migrantes, documentados o no, de que permanecer en Estados Unidos es tan arriesgado que deberían “autodeportarse”, para no terminar en una prisión brutal. Es una campaña diseñada para disuadir.
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