Un gran jurado federal del Distrito de Nebraska emitió una acusación formal adicional contra 31 personas por su presunta participación en una conspiración a gran escala para robar millones de dólares de cajeros automáticos en Estados Unidos, utilizando una técnica conocida como «jackpotting». Según el Departamento de Justicia, muchos de los acusados son venezolanos y colombianos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
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Con esta nueva acción judicial, asciende a 87 el número total de personas procesadas en los últimos seis meses por esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. La acusación incluye 32 cargos, que van desde conspiración para cometer fraude bancario y robo, hasta daños a sistemas informáticos.
Las investigaciones revelaron que la red criminal desarrolló e implementó una variante de malware denominada «Ploutus». Los grupos operativos viajaban por todo el país realizando labores de reconocimiento en bancos y cooperativas de crédito. Posteriormente, abrían físicamente los cajeros automáticos para insertar el malware, ya fuera reemplazando el disco duro o conectando dispositivos externos como memorias USB.
El software malicioso permitía emitir comandos no autorizados al dispensador de efectivo para vaciar la máquina y, al mismo tiempo, borraba la evidencia digital para evitar ser detectados por las instituciones financieras.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, calificó al Tren de Aragua como una «organización terrorista compleja» responsable de delitos financieros, asesinatos y tráfico de drogas. «Este Departamento de Justicia ya ha procesado a más de 290 miembros del Tren de Aragua y seguirá trabajando incansablemente para poner tras las rejas a estos despiadados terroristas», afirmó Bondi, quien también criticó la gestión fronteriza de la administración anterior.
Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que la red buscaba enriquecer al Tren de Aragua estafando a ciudadanos estadounidenses y prometió que la Fuerza de Tarea Conjunta «Vulcan» no se detendrá hasta «desmantelar y destruir por completo» al grupo.
De ser declarados culpables, los acusados enfrentan penas de prisión que oscilan entre los 20 y los 335 años, dependiendo de los cargos específicos.
